La política catalana se encuentra en un punto de grave estancamiento desde hace meses. El 21 de diciembre el Gobierno convocaba elecciones en Cataluña, en el marco del artículo 155 y con un president en fuga. El resultado final distó mucho de las previsiones del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Ciudadanos ganó los comicios, pero no logró la mayoría suficiente para poder gobernar. Los diputados de Junts Per Catalunya, junto con los de ERC y la CUP, sí que sumaban mayoría absoluta, pero los votos favorables de estos últimos iban condicionados a que Carlos Puigdemont fuera el único candidato a President. 

Roger Torrent, el recién nombrado presidente de la Cámara catalana, decidió proponer entonces al expresident para la investidura. Sin embargo, y ante la negativa del Gobierno a permitirlo, este presentó su renuncia en marzo. El siguiente candidato fue el número dos en la lista republicana, Jordi Sànchez, que se encontraba en la cárcel en prisión provisional por supuestos delitos de sedición y rebelión. Sin embargo, el juez Pablo Llarena rechazó la pretensión del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana de acudir a la investidura.

Jordi Turull, el tercer candidato, sí que fue a una primera investidura, en la que no consiguió los votos suficientes por la abstención de los cuatro miembros de la CUP. La segunda vuelta requería de una mayoría simple, que el político catalán lograría si tanto Puigdemont como Toni Comín renunciaban a sus actas; pero el Pablo Llarena volvía a actuar para mandarlo a prisión, junto a otros miembros del ex-Govern. Es así como Turull renunciaba el día 5 de abril a ser candidato. Carles Puigdemont, que entonces se encontraba en Alemania, insinuó a Torrent que propusiera otra vez a Jordi Sànchez, a pesar de que continuaba en la cárcel de Soto del Real.

A raíz de este bloqueo institucional de las instituciones catalanas, la sociedad comienza a mirar hacia un nuevo panorama de elecciones. El día 22 de mayo es el plazo máximo para encontrar a un candidato que reúna los requisitos legales y logre la mayoría del Parlament. Si no se consigue, después de esa fecha comenzaría la pre-campaña que culminaría con unos nuevos comicios el 15 de julio. Aunque Puigdemont muestra su descontento ante la celebración de nuevas elecciones, es consciente de que la decisión de la Fiscalía alemana de no extraditarlo a España de momento provoca que el foco público vuelva a estar fijo en él, y que recupere enteros delante de los votantes soberanistas.

¿Hay alguna solución al bloqueo que no pase por una nueva llamada a la urnas? Junts Per Cataluña está ultimando una nueva ley que permitiría la investidura a distancia de Puigdemont. Si se diera el caso, y con el apoyo de la CUP, podría ser investido en primera ronda sin que los demás partidos políticos puedan responder. Queda por ver si los republicanos podrían cargar con las responsabilidades jurídicas que se derivan de esta ley en el futuro.

La segunda posibilidad es que Puigdemont y Comín renuncien a sus actas, lo que permitiría a JPC presentar un nuevo candidato y reafirmarlo en mayoría simple. Sin embargo, ambos políticos han mostrado su negativa a dejar el escaño en el Parlament.