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La última metedura de pata de Montero: culpa al PP de la condena por las lesiones a dos etarras

Los hechos se habrían producido en enero de 2008, cuando gobernaba Zapatero y Rubalcaba era el ministro del Interior 

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Tiempo de lectura: 2'Actualizado 27 ago 2018

Irene Montero no deja de protagonizar titulares. Unos días después de la polémica por utilizar "portavozas" - un femenino erróneo e inexistente de la palabra 'portavoces' -, la voz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados ha vuelto este martes a meter la pata. En esta ocasión ha sido por culpar al PP de la condena de Estrasburgo a España por maltrato a dos etarras cuando por entonces quien gobernaba era el PSOE.

En rueda de prensa, Irene Montero ha señalado que le avergüenza recibir esta condena y cree que "debería haber un gobierno que se tome en serio de la democracia y que cumpla la ley sin vulnerar los derechos humanos". Lo que la diputada de Unidos Podemos ha olvidado es que la detención de Mattin Sarasola Yarzábal e Igor Portu, autores del atentado de la T-4 de Barajas donde murieron dos personas, se produjo en enero de 2008 cuando gobernaba Zapatero y Rubalcaba era el ministro del Interior. 

Precisamente, fue el propio Rubalcaba quien explicó en enero de ese año cómo se procedió a la detención de estos dos etarras. "Huyeron y cuatro miembros de la Guardia Civil corrieron detrás de los presuntos etarras, les alcanzaron, se abalanzaron sobre ellos y los detuvieron. Para proceder a ese detención, la Guardia Civil tuvo que usar la fuerza. Y fruto de esa fuerza son las lesiones de distinta consideración que tienen los dos presuntos etarras".

Los terroristas, sin embargo, dijeron que sufrieron torturas y maltrato por parte de la Guardia Civil en su traslado al cuartel de Intxaurrondo y no en su detención. Siempre según el relato de los etarras, camino al cuartel los coches se desviaron hacia una pista forestal donde los agentes los sometieron a vejaciones, insultos, amenazas y palizas. 

Los agentes, por su parte, negaron la parada en la pista forestal y al igual que el ministro alegaron que las lesiones sufridas por los demandantes se produjeron durante un intento fracasado de huida y debido a su resistencia a la detención. El Supremo vio un uso proporcionado de la fuerza y anuló la condena a los agentes.

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