Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otros veinte altos cargos de la Junta de Andalucía están pasando por el banquillo de los acusados para declarar en el caso de los ERE falsos en el que malversaron 855 millones de euros. 

Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009, y durante su mandato se creó en 2001 un fondo de ayudas a empresas en problemas para dar subvenciones o facilitar prejubilaciones a las empresas que entrasen en Expediente de Regulación de Empleo. 

Por la deficiencia en la gestión de esas ayudas, el expresidente andaluz y también expresidente del PSOE está acusado de un delito continuado de prevaricación por el que la Fiscalía pide para él diez años de inhabilitación. 

Chaves dejó la presidencia de la Junta de Andalucía reclamado por Zapatero para ser nombrado vicepresidente y ministro de Política Territorial hasta las elecciones de 2011. Hasta 2012, fue presidente del PSOE. 

Por su parte, José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013 y consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2099, además de estar acusado por delito continuado de prevaricación, también lo está por un delito continuado de malversación de caudales públicos. Por ello, el Ministerio Público pide para Griñán seis años de cárcel y 30 de inhabilitación. 

Griñán sucedió a Chaves al frente de la Presidencia del PSOE, cargo que ocupó entre 2012 y julio de 2014.

A ambos se le atribuyen esos delitos, según la Fiscalía, por mantener el "procedimiento específico" por el que entre 2001 y 2011 la Junta repartió esos 855 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles.