El líder de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, ha anunciado este jueves en un vídeo difundido a través de las redes sociales, que renuncia "de manera provisional" a su investidura y, en su lugar, ha propuesto el nombre de Jordi Sànchez, número dos de su lista y ahora en prisión preventiva. La magistrada le imputa un delito de sedición por supuestamente dirigir y alentar a las masas el 20 y 21 de septiembre para impedir, sin lograrlo, que se llevara a cabo la Operación Anubis contra la organización del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre.

Pero, ¿puede un preso ser presidente de una Comunidad Autónoma? A día de hoy, con la ley en la mano, no hay ningún impedimento para que Jordi Sánchez se someta a un debate de investidura, siempre y cuando el juez le dé permiso para asistir a esa sesión parlamentaria. Hasta que no haya condena no puede haber inhabilitación y en este momento de la investigación (periodo de instrucción) todas las medidas que afectan a los imputados tienen un carácter cautelar. Sin embargo, su capacidad de actuación quedará muy limitad: cualquier salida de Sànchez al Parlamento, ya sea a su propio debate de investidura como a cualquier votación (el Reglamento del Parlament solo contempla la Delegación del voto por enfermeras o incapacidad), tendrá que ser autorizada por Llarena, que no tiene por qué aceptarlas.

De hecho, el Parlament obliga a que el candidato a la investidura acuda a la Cámara a defender su propuesta. Este sería ya el primer impedimiento al que se enfrentaría Sànchez, aunque los independentistas ya dejaron abierta la opción de retorcer las leyes del Parlament cuando se pensó en una 'investidura a distancia' de Puigdemont desde Bruselas. 

La opción de Jordi Sànchez como presidente pretende ser un órdago más del independentismo al Estado de Derecho. Aunque, el propio Puigdemont consideraba el pasado enero en una entrevista en Catalunya Radio que era "imposible" ser presidente de la Generalitat estando en prisión. "En la cárcel no me podría entrevistar, ni dirigirme a la gente, escribir y recibir a gente, muchas de las cosas que hago. La única manera de seguir haciéndolo es con libertad y seguridad, que es lo que garantiza que políticas públicas se puedan desarrollar", explicaba. 

Un precedente

Hace treinta años un preso ya fue candidato a presidente. Juan Karlos Ioldi llegó a las nueve de la mañana del 26 de febrero de 1987 en un furgón policial a la sede del Parlamento vasco en Vitoria para el debate de investidura en el que se presentaba como aspirante de HB a lehendakari. No ganó y, cuatro meses después, fue condenado a 25 años por pertenencia a ETA, depósito de armas y estragos.