La polémica levantada sobre la autenticidad de las calificaciones de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, para la obtención de un máster en la Universidad Rey Juan Carlos se suma a no pocos casos de políticos que han tenido problemas con sus currículums. Carreras a medio camino, plagios, infinidad de tiempo para terminar unos estudios... de todo ha rellenado páginas en medios que luego han quedado en el olvido sin mayores consecuencias. No es el caso del ministro de Defensa alemán Karl Theodor zu Guttenberg, quien sí que abandonó su cargo en 2011, tras conocerse que había plagiado algunos pasajes de su tesis.

De todo se ha visto; errores de transcripción, como alega la Universidad en el caso de Cifuentes; fallos informáticos, confusiones y hasta malas traducciones suelen ser las explicaciones que los afectados dan cuando se hace público que determinada carrera no se terminó, que los estudios cursados no eran tales o que donde dice nivel de idiomas "bilingüe" debe decir "principiante".

El primer caso polémico de currículum falsificado en la política española fue el de quien fuera director general de la Guardia Civil Luis Roldán, quien aseguraba ser economista, y no lo era. Finalmente todo quedó en un segundo plano dado que se trataba de alguien que se fugó de España y que fue condenado por malversación, cohecho, fraude fiscal y estafa con hasta 31 años de cárcel.

Distintos y más recientes son los casos del presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, en cuya biografía en el Congreso llegó a aparecer una licenciatura en Administración de Empresas (ADE) que luego pasó a ser "estudios de...". Se habló de un error.

También el del secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, según la información facilitada al Congreso durante varias legislaturas e incluso en la referencia del Consejo de Ministros cuando fue nombrado. Un portavoz del ministerio de Empleo y Seguridad Social lo atribuía entonces  a “un error técnico, un fallo de coordinación o de comunicación”,  un título que no tienía, ya que no completó los estudios de Medicina en la Universidad de Valladolid. “Burgos nunca ha dicho que sea médico, ni ha falseado su currículum, ni ha actuado de mala fe", añadía.

Otro error, en este caso "de traducción", es lo que, según Elena Valenciano, llevó a que en su ficha como eurodiputada figurase en 2012 que era licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, cuando debía decir "tiene estudios en...".

Joana Ortega, exvicepresidenta de la Generalidad de Cataluña, aparecía como psicóloga en la web del gobierno catalán en 2011, pero... le faltaba una asignatura y media; de hecho, no terminó la carrera hasta finales de 2012. Esta vez el error fue "de transcripción", según la propia Ortega.

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Estos no han sido los únicos casos, pero sí los más sonados; pequeñas polémicas que copan los noticias unos días y luego quedan en nada.

Para evitarlo, la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado de 2015 contempla entre las infracciones que pueden llevar aparejadas la destitución o la pérdida del derecho a percibir la compensación prevista al cesar en el puesto "el falseamiento o el incumplimiento de los requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo".

Uno de los puntos del decálogo que propuso Ciudadanos en 2015 para combatir la corrupción era incluso más explícito y pedía "apartar de cualquier cargo público o de partido a todo representante que haya falsificado o engañado en relación con su currículum o su cualificación profesional o académica".

Este punto no apareció finalmente en el Pacto anticorrupción que firmaron en agosto de 2016 PP y Ciudadanos y que sirvió para desbloquear la investidura de Mariano Rajoy.