La decisión de la justicia alemana de denegar la extradición a España del Carles Puigdemont por rebelión impediría al Tribunal Supremo juzgarlo por ese delito y limitaría su acusación a la causa por malversación de fondos públicos, al menos en la causa que actualmente instruye el juez Pablo Llarena. Esta decisión supone un vuelco absoluto al plan judicial que se había fijado por el procés y abre la opción a que los procesados por el órdago independentista puedan ser juzgados por distintos delitos en función de las extradiciones que puedan marcar Alemania, Bélgica, Suiza y lo dictado por el juez Llarena a los políticos que se encuentran actualmente en prisión dentro de España. Estos son los caminos que podría tomar la justicia españolas en los próximos días: 

1. JUZGADOS POR DISTINTOS DELITOS

Actualmente, el juez del Supremo Pablo Llarena reclama a Puigdemont por un delito de rebelión (penado con hasta 25 años de cárcel) y otro de malversación de caudales (hasta 8 años de prisión). Pero la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha descartado el delito de rebelión en el proceso de extradición porque considera que no se cumple el requisito de la violencia. Es la misma interpretación que hace la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien ha procesado al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y a los exjefes políticos del cuerpo policial por sedición, al entender que no hubo violencia en el acoso a la Consejería de Economía ni en la jornada del 1-O. Esa decisión conduce a una situación en la que el Supremo podría juzgar por rebelión a parte del antiguo Gobierno de la Generalidad, incluido el exvicepresidente Oriol Junqueras, y a los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, pero no a Puigdemont, a quien el juez Llarena considera principal responsable. El tribunal alemán aún debe decidir si lo extradita por malversación de caudales públicos y, de ser así, Puigdemont solo sería juzgado por ese delito. Al menos en el actual proceso.

Eso sí, las penas por el delito del malversación pueden llegar incluso a los 12 años de prisión.  "(…) Si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado"; esto es, hasta 12 años de cárcel, según reza el artículo 432 del código penal. Queda lejos de los 30 años que con lleva el delito de rebelión, pero es casi la misma cifra que le correspondería por sedición (10 a 15 años), un delito que se barajó como alternativa al de rebelión.

Si finalmente es solo procesado por malversación, Puigdemont recuperaría el ejercicio de sus derechos de votar o ser candidato a la investidura hasta que hubiera una sentencia firme. Llegar a ser de nuevo president sería más difícil, puesto que presumiblemente Llarena le enviaría a prisión y no podría ser elegido president salvo que el Parlament desobedeciera lo dictado por el Constitucional. 

2. UN JUICIO POR REBELIÓN TRAS UNA CONDENA POR MALVERSACIÓN 

La legislación sobre la orden europea de detención y entrega (euroorden) impide a un tribunal español juzgar a un reclamado por un delito distinto a aquellos por los que lo entrega el país en el que ha sido detenido. Aunque esa misma ley abre una posibilidad para que el expresident sea juzgado por rebelión en un futuro, después de cumplir una primera condena por malversación en el caso de que le fuera impuesta. Para que ese segundo juicio fuera posible, una vez recuperada la libertad debería pasar 45 días en territorio nacional o irse al extranjero y regresar.

3. RETIRADA DE LA EUROORDEN 

Otro de los posibles escenarios que abre la decisión del tribunal alemán es la retirada de la euroorden. El juez Llarena ya tomó esa decisión el pasado 5 de diciembre, poco después de asumir la causa, cuando retiró las órdenes de detención que había dictado anteriormente la juez Lamela contra Puigdemont y los cuatro exconsellers que huyeron con él a Bruselas. Lo hizo ante la perspectiva de que Bélgica no lo entregara por los delitos más graves, lo que, según plasmó en su auto, perjudicaría de nuevo el proceso y a los acusados que sí que se pusieron a disposición de la justicia. 

Puigdemont sería libre de circular por otros países si se retirara la euroorden. Eso sí, con la amenaza de que en cualquier momento la euroorden podría reactivarse. La decisión del juez alemán no vincula a otros países. En un eventual viaje a Francia, por ejemplo, Puigdemont podría ser arrestado. También lo sería si volviera a España y se le podría juzgar por rebelión. Para evitarlo tendría que esperar 20 años, plazo de prescripción del delito.

4. NO SE PUEDE PEDIR EL DELITO DE SEDICIÓN

La euroorden no podría ampliarse a los delitos de malversación y sedición (en lugar de rebelión) puesto que a Puigdemont no se le acusó previamente por este delito y la 'sedición' no está contempleada en el código penal alemán.