La última en anunciar que desoye los requerimientos judiciales y huye de España ha sido Marta Rovira, secretaria general de ERC y núcleo duro del ‘procés’. La diputada había sido citada este viernes por el magistrado Pablo Llarena para comunicarle su procesamiento. Además, le había indicado que debía acudir a la cita asistida de su letrado a fin de practicar la vistilla que prevé el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que podría concluir con su ingreso en prisión provisional.

Sin embargo, la republicana ha decidido poner pies en polvorosa después de que este jueves renunciara a su escaño tras el pleno frustrado para invertir a Jordi Turull como presidente de la Generalidad.  A través de una carta pública, Rovira ha afirmado que emprende "un camino duro que, desgraciadamente, tantos otros que me preceden han tenido que coger: el camino del exilio".

Rovira, a la que la Guardia Civil sitúa en el "comité estretégico" que urdió el referéndum del 1 de octubre no es, sin embargo, la única dirigente que a lo largo de estos meses ha huido temerosa del horizonte penal que le espera por haber proclamado la declaración unilateral de independencia de Cataluña en contra de las prohibiciones y advertencias del Tribunal Constitucional.

Junto a ella se encuentran otros seis investigados por el "procés": tres políticos de Junts per Catalunya (JxCAT), tres de ERC, y una de la CUP, quienes han decidido abandonar el país para eludir la acción de la Justicia

Es el caso del expresidente Carles Puigdemont (JxCAT), que se fugó el 30 de octubre nada más que el Gobierno de la nación activó el artículo 155 de la Constitución. Actualmente se encuentra en Bélgica, desde donde sigue moviendo los hilos de la política catalana. A pesar de que fue elegido diputado del Parlamento de Cataluña tras las elecciones del 21 de diciembre, el Tribunal Constitucional le impidió su investidura a distancia. Señaló que debía comparecer primero ante la Justicia y que tenía que ser el instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llanera, quien lo autorizase para asistir a un hipotético pleno de investidura.

Como él, el exconsejero Antonio Comín (ERC), que también está huido en Bélgica y que fue elegido diputado del Parlamento tras las elecciones del 21 de diciembre; Meritxell Serret (ERC), exconsejera de Agricultura y fugada en Bélgica. Tras resultar elegida diputada en las pasadas elecciones autonómicas, renunció a su acta el 29 de enero; Clara Ponsatí (JxCAT), exconsejera de Enseñanza y huida en Bélgica. Como Serret, tras resultar electa, renunció al cargo el 29 de enero; y LLuís Puig (JxCAT), exconsejero de Cultura, que también se fugó a Bélgica y renunció a su acta de diputado el 29 de enero.

La última en sustraerse de la acción de la justicia ha sido Anna Gabriel  (CUP), exportavoz de la CUP en el Parlamento. Huida en Suiza desde el 21 de febrero, ha afirmado recientemente que desde el país helvético seguirá luchando por la independencia de Cataluña.