Los exconsejeros de la Generalitat de Cataluña huidos a Bélgica, Toni Comín, Lluis Puig y Meritxell Serret, han salido esta noche en libertad sin fianza pero con medidas cautelares por decisión de la Justicia belga.

Fuentes judiciales confirmaron que los políticos catalanes permanecerán en Bélgica "bajo estrictas condiciones", aunque matizaron que éstas son "más suaves" que las impuestas el pasado mes de noviembre, cuando se cursó la primera orden de detención internacional por parte de la Justicia española.

"Los exconsejeros deberán permanecer en Bélgica e informar de su lugar de residencia y número de teléfono", dijo la portavoz de la Fiscalía belga.

������ así salen de la fiscalía los tres ex consellers catalanes. Quedan en libertad pic.twitter.com/xjLjM8MTe9

— Conce (@JLConcejero) 5 de abril de 2018

En este sentido, uno de los abogados de los exconsejeros, Christophe Marchand, declaró a la salida del juzgado que sus defendidos no pueden dejar territorio belga "sin autorización del juez" y que si hay una vista judicial "deben acudir".

Además, Marchand dijo que espera que la vista definitiva para decidir la extradición se produzca "en las próximas semanas", aunque esto podría alargarse debido a que los acusados no han sido enviados a prisión de forma provisional, condición necesaria para que exista el plazo límite de quince días que establece el procedimiento de euroorden.

Por su parte, el exconsejero Toni Comín celebró ante los medios de comunicación la decisión del juez belga a la salida de su comparecencia y afirmó que esta decisión es una "victoria" de sus defensas en Europa y defendió que el delito de rebelión "no puede justificarse".

"Es muy obvio que este delito de rebelión no puede ser juzgado. No hay ni indicios. A partir de aquí la Justicia española debe reflexionar", afirmó.

Para Comín, la prisión preventiva para los exconsejeros y líderes independentistas en España es "injustificada" y aseguró que la visión de los jueces belgas y alemanes también ha sido defendida en España.

"Esto que dice el juez alemán lo dijeron más de cien catedráticos de Derecho Penal españoles de todas las universidades e ideologías (...) Este delito de rebelión no se puede justificar y la prisión preventiva tampoco", agregó.

El exconsejero de Salud rechazó la posibilidad de ser extraditado por el otro delito que le imputa la Justicia española, el de malversación.

"No lo acepto de ninguna de las maneras. No hemos malversado ni un euro de dinero público en ningún caso y porque además no se puede mezclar el orden penal con el orden constitucional (...) Parece que la Justicia española no entiende la diferencia entre ilegalidad y delito", alegó.

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"No reconocemos ningún delito. Tampoco el de desobediencia", apostilló.

Además, Comín dijo que las decisiones judiciales del día de hoy "refuerzan" la vía del diálogo porque la vía judicial "se está desmontando".

"Toda la estrategia política queda en una situación muy crítica. la judicialización era una opción política para no tener que negociar", afirmó, y dijo que "siempre" mantendrán la esperanza de que España se comporte como un "Estado democrático".

Otra de las exconsejeras que declararon este jueves, Meritxell Serret, ha señalado que "hoy nos hemos personado nuevamente ante la Justicia belga y consolidamos nuestra defensa".

"Volvemos a ser libres, tenemos plena confianza en la Justicia belga y alemana y exigimos la puesta en libertad de nuestros compañeros ahora en prisión en España", añadió Serret.

Según el procedimiento que rige las euroórdenes -que permiten la ejecución simplificada de mandatos de arresto de un país de la UE por parte de otro- los Estados tienen en total 60 días a partir del arresto de las personas buscadas para decidir sobre su entrega, plazo que puede ampliarse a 90 días en circunstancias excepcionales.

Los exconsejeros deberán comparecer ante el juez de la Cámara del Consejo de Bruselas (juzgado de instrucción) durante las próximas semanas aunque la fecha de la vista no ha quedado definida por el momento, instancia que tendrá quince días para decidir si les extradita o no.

En principio, ambas salas tienen 24 horas para decidir si admite a trámite el recurso y otros 15 días par tomar una decisión y concluir si la orden de extradición puede ser ejecutada o no, pero estos plazos son orientativos cuando no se encuentran en prisión preventiva.