Tras una reunión de unas cuatro horas en un hotel de Berlín, el grupo parlamentario de Junts per Catalunya anunció este fin de semana su intención de investir como presidente a Carles Pugdemont antes del lunes 14 de mayo. “Tenemos una ley que el lunes entrará en vigor con toda su fuerza y a partir de ahí proponemos la investidura de Puigdemont, que es lo que prometimos en campaña electoral”, ha dicho el portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, admitiendo que se tratará de un “intento de investidura”, en el sentido de que “somos conscientes de que puede haber una acción política o de la Justicia que lo impida, no es inimaginable aunque la primera voluntad del partido sea esa”. En caso de recurso o paralización de la reforma de la ley, Juts per Catalunya tiene preparado un plan B.  “Si no es posible la investidura de Puigdemont, de acuerdo con la nueva escena política con la aprobación de la ley ayer, tendríamos que valorar la investidura de Jordi Sánchez, que es una investidura que hemos defendido ya. Y si esa posibilidad tampoco se puede concretar, tendríamos que abrir la puerta a una nueva alternativa”, ha adelantado Pujol.

Se trata de la segunda reunión con este formato en la capital alemana, donde reside Puigdemont mientras la Justicia alemana estudia la petición de extradición a España, tras la que ya mantuvo con sus diputados el pasado 18 de abril, y Pujol ha insistido que en ambas reuniones la unanimidad ha sido absoluta en las filas del grupo parlamentario. “No hemos jugado a especular con nombres que aparecen en la prensa, por muy divertido que pudiera parecer, y todo el grupo parlamentario tiene muy claro que tenemos un presidente y que no queremos que se repitan las elecciones”.

Pujol ha repetido sus manifestaciones de esperanza de que esta situación termine en una mesa de diálogo con el Estado español, la creación de una comisión de superación del artículo 155, pero ha añadido a anteriores comentarios el planteamiento de una amenaza, al anunciar que “planteamos la creación de una comisión de investigación en el ámbito parlamentario para analizar la aplicación del 155, un artículo que ha anulado el control parlamentario sagrado en una democracia”. Esta comisión de investigación comenzaría de inmediato a recabar pruebas sobre “todas aquellas personas y todas aquellas decisiones que hayan tenido efecto o incidencia directa en la vida de los ciudadanos de Cataluña”.