El Parlamento de Hungría adoptó hoy una polémica ley que castiga con hasta un año de cárcel a quienes ayuden a inmigrantes en situación irregular, entre los que se incluyen refugiados y solicitantes de asilo. Esta fue la primera normativa aprobada en el tercer mandato consecutivo del primer ministro, el nacionalista Viktor Orbán, después de su amplia victoria electoral del pasado 8 de abril.

La nueva ley fue aprobada por 160 votos a favor y 18 en contra, y castiga con hasta un año de prisión a quien ayude a una persona que haya entrado de forma ilegal en Hungría, si la vida de esa persona no está en peligro. La normativa supone un paso más en la línea de las políticas de mano dura de Orbán contra la inmigración, a la que ha relacionado con el aumento de la criminalidad y del terrorismo.

La normativa adoptada en el Día Internacional de los Refugiados también castiga la ayuda a los inmigrantes irregulares dentro de una franja de ocho kilómetros desde la frontera o por beneficio económico. La legislación "se dirige a parar y castigar a todos aquellos que organizan la inmigración ilegal y que quieren llenar Europa con inmigrantes", según expuso recientemente el ministro de Exteriores, Péter Szijjártó.

Los críticos con la ley, como las ONG del país centroeuropeo, aseguran que la norma les estigmatiza y criminaliza. "El Gobierno trabaja desde 2010 (cuando Orbán llegó al poder) en que las infracciones legales del Estado no tengan consecuencias y la ley aprobada hoy también tiene ese fin: que no haya nadie que denuncie los abusos", asegura en la red social Facebook la Unión por las Libertades Fundamentales.

Varias organizaciones también destacaron como un acto de cinismo aprobar la legislación el Día Internacional de los Refugiados, celebrado por la ONU desde 2001 el 20 de junio.  "El Gobierno celebra el Día Internacional de los Refugiados encarcelando a quienes les ayudan", resumió lacónicamente la ONG pro derechos humanos Comité Helsinki Húngaro en un comunicado.

También el director para Europa de Amnistía Internacional, Gauri van Gulik, criticó como "una amarga ironía que mientras el mundo celebra el Día Mundial de los Refugiados, el Parlamento húngaro vote hoy para introducir una ley que castiga a las organizaciones y personas que apoyan a los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes".

Según Gulik se trata de un paso más en "los intentos de estigmatizar, intimidar y atemorizar a las organizaciones de la sociedad civil húngara". La Comisión de Venecia pidió el lunes que se pospusiera la aprobación de esta polémica ley hasta que pudiera redactar sus observaciones, pero la mayoría parlamentaria gubernamental rechazó la solicitud de este órgano consultivo del Consejo de Europa.

Además, el Gobierno ha anunciado que quiere aprobar un nuevo proyecto de ley que imponga un impuesto extraordinario del 25 por ciento sobre los donativos de ONG vinculadas a migración. Esta propuesta será discutida en el Parlamento en las próximas semanas y salvo sorpresa se aprobará, debido a la mayoría del partido gubernamental.

El parlamento de Budapest también aprobó la llamada "séptima enmienda constitucional", un paquete de reformas que, entre otras cosas, incluye disposiciones contra el sistema europeo de reubicación de refugiados. Estas enmiendas prohíben el asentamiento de ciudadanos no húngaros en Hungría -a excepción de los europeos-, y también declara que la composición de la población del país no puede ser modificado "mediante una voluntad externa".

Otras reformas constitucionales también aprobadas en el paquete declaran que el Estado debe defender los valores y cultura cristianos del país y crea una nuevo sistema judicial que hasta ahora no existía en Hungría, el de los tribunales administrativos.