Este lunes el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña ha publicado el decreto 1/2018, de 19 de mayo, “de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña", esto es, el documento en el que se contiene la estructura del Ejecutivo de Torra y las competencias de cada consejería.

Sin embargo, el boletín autonómico no ha publicado el decreto 2/2018 por el que se nombra al vicepresidente del Gobierno catalán y a los consejeros, pues Torra ha repuesto en los mismos departamentos que dirigían antes de ser cesados por la aplicación del artículo 155 a los exconsejeros Lluís Puig (Cultura) , Toni Comín (Salud), Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad) y Jordi Turull (Presidencia). Los dos primeros están huidos en Bélgica, mientras que el resto cumple prisión provisional. Todos ellos, a excepción de Puig, están procesados por los delitos de malversación y rebelión, mientras que este lo está por el de desobediencia.

Como señaló el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, después del Consejo de Ministros del pasado viernes, "por sentido común” no se puede ser consejero desde la cárcel. Por este motivo, el Ejecutivo central en una misiva dirigida al secretario del Gobierno de Cataluña le ha advertido de que no puede publicarse ese segundo decreto hasta que se estudie la “viabilidad” de los nombramientos. Ello porque la publicación "requiere la autorización por parte del Gobierno de la Nación, sin la cual el acto o disposición carecería de validez y efectos" debido a la vigencia del artículo 155 de la Constitución.

RULL Y TURULL, MÁS CERCA DE LA INHABILITACIÓN

Precisamente, que los otrora consejeros vuelvan a desempeñarse en el cargo tiene pocos visos de prosperar. En primer lugar, porque como dispone el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.

Esto es, una vez que el Tribunal Supremo resuelva sobre los recursos contra el auto de procesamiento, lo que se espera que haga en los próximos días en sentido desestimatorio, Rull y Turull quedarían inhabilitados para ser consejeros. Ambos han solicitado al Tribunal Supremo su puesta en libertad para “ejercer de modo efectivo sus cargos”, si bien no parece que el magistrado Pablo Llarena atienda a sus peticiones debido al riesgo de reiteración delictiva tras las declaraciones de Torra de volver a la casilla de salida del independentismo.

En cuanto a Comín y Puig, si bien Bélgica ha rechazado su entrega a España por "defecto de forma" en la euroorden, sobre ellos pesa una orden de detención nacional, de modo que de venir a España a tomar posesión de sus respectivos cargos serían puestos a disposición judicial y, probablemente, el magistrado Llarena ordenaría su ingreso en prisión provisional ante el riesgo de reiteración para delinquir.