El Gobierno no baja la guardia y no piensa permitir que los independentistas vuelvan a retorcer la legalidad... “Lo ocurrido desde el pasado mes de octubre – decía el pasado viernes el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo- debería haber vacunado a algunos de ciertas aventuras”... pero, ante el riesgo cierto de que esa vacuna no haya surtido efecto, el Ejecutivo sigue lanzando mensajes de advertencia a los separatistas. Rajoy ha adoptado como suya la táctica del “partido a partido” de Simeone, y va acotando el terreno a ERC, la CUP y JxCat.

Hace unas semanas, el Ejecutivo conseguía frenar con su recurso al Constitucional lo que aparentemente parecía inevitable: una investidura de Puigdemont a distancia, o apareciendo por sorpresa en el Parlament. El recurso no fue del todo ortodoxo, de hecho, todavía no se ha admitido, pero el TC anticipó ya que la investidura debía ser presencial, y que el ex-president tendría que responder antes ante la Justicia, por la orden de arresto dictada en su día por el magistrado del tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Ayer se dio un paso más: tanto el Gobierno como el fiscal general dejaron claro que, si la mesa admitía a trámite las enmiendas de la CUP sobre la ratificación de la declaración de independencia, los miembros de este órgano podrían incurrir en una ilegalidad, porque ese hecho iría contra la Constitución y el Estatuto. Fuentes de Moncloa consideraban, por ello, este jueves, un triunfo del estado de derecho la marcha atrás de la Mesa en sus pretensiones.

Pero el Ejecutivo ha ido hoy más lejos y ha asegurado que analizará con lupa la resolución aprobada por la cámara autonómica en la se reconoce la legitimidad de Puigdemont y se reivindica el referéndum ilegal del 1 de octubre. Si los servicios jurídicos del estado consideran que ese texto va más allá de lo meramente político o declarativo, se podría recurrir ante el TC.

Al Gobierno le avalan dos hechos en su estrategia: el 155 ya se ha aplicado por primera vez, y hay causas pendientes tanto el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional, que dejan claro que la justicia no se va a andar con paños calientes, prueba de ello es que varios de los implicados en el desafío independentista, siguen en prisión, entre ellos el ex-vicepresidente Oriol Junqueras.

El Ejecutivo, pues, mantendrá esa actitud vigilante frente a cualquier riesgo de ilegalidad, con un objetivo: que los independentistas acaben pasando por el aro y presenten a un candidato libre de cargas judiciales. A camino largo, paso corto, piensan.