El Ministerio de Hacienda prepara ya todos los soportes informáticos que remitirán en breve al juez Pablo Llarena. En los últimos días, el titular del ministerio, Cristóbal Montoro, afirmó a los medios de comunicación que no se gastaron fondos públicos ni en la compra de urnas para el referéndum catalán ni en la manutención de Puigdemont. Tras estas declaraciones, el juez Llanera pidió al ministro que explicara "a la mayor brevedad posible" por qué considera que no se utilizó dinero público para ejecutar el 1-O.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, insistía hoy en que el Ejecutivo colaborará al máximo con la justicia: es bueno, decía, que se tenga “la oportunidad de aportar cuanta documentación se posee en torno al proceso”, documentación que se remontará al año 2015, fecha en la que comenzaron los controles de la Generalitat y que no había sido requerida hasta ahora por el Supremo, recuerdan y subrayan fuentes del Ejecutivo. El Gobierno, eso sí, elude entrar en polémicas con el magistrado, e insiste en su máxima de que la unidad de los demócratas es la mejor arma contra el independentismo.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido admitía que Hacienda "tiene unos datos; la Guardia Civil, otros, y será la autoridad judicial la que tenga que valorar cómo y dónde se han pagado algunas partidas para la celebración de este referéndum ilegal”.

Desde el Gobierno están, eso sí, tranquilos porque, insisten, los controles funcionaron. Del FLA no salió ese dinero, apuntan, y, si se hubieran falsificado alguna factura, estaríamos entonces no solo ante un delito de malversación, sino quizá otro de falsedad en documento público, y en él tendrían que haber participado el proveedor, la intervención de la Generalitat, y algún funcionario más.

Desde Ciudadanos Albert Rivera, anticipaba que, si se confirma que los controles del Ejecutivo fallaron, y que, por lo tanto “Rajoy y Montoro mintieron en el Congreso”, “tendrá que haber responsabilidades en el Gobierno”. La formación naranja ha registrado ya en la cámara baja la solicitud de comparecencia del ministro en la Comisión de Hacienda para que explique este asunto.