En cuanto han reabierto los juzgados después de Pacua, la Fiscalía General de Schleswig-Holstein ha presentado esta martes a primera hora la solicitud favorable a la entrega del ex presidente catalán Carles Puigdemont a España ante el Tribunal Regional Superior de esa región del norte de Alemania por los delitos de rebelión y malversación. 

Tras el análisis exhaustivo de los delitos que contiene la orden de detención europea, ha concluido el fiscal que la extradición es “justa” y “pertinente” y así lo solicita ante el juez, que se espera emita la decisión definitiva a lo largo de esta semana. Una vez decida este tribunal, no habrá lugar a recurso y después de haber sido analizado el caso por la Fiscalía es muy poco probable que el juzgado rechace la petición, por lo que la extradición de Puigdemont se producirá posiblemente dentro del plazo de 60 días previsto por la euro orden.

Durante las deliberaciones del tribunal, no está previsto que tome declaración o llame a comparecer a Carles Puigdemont, puesto que debe atenerse solamente a la documentación presentada por la fiscalía y el material aportado por las autoridades judiciales españolas que solicitan la extradición. En la solicitud de extradición presentada por la Fiscalía local consta además la consideración de que es conveniente que Puigdemont espere la decisión del tribunal en prisión, debido al peligro evidente de fuga que impulsó la medida cautelar, por lo que una hipotética petición de libertad vigilada, que se habían planteado los abogados alemanes de Puigdemont, quedaría muy debilitada.

El informe de la Fiscalía explicita además que Puigdemont ha de ser extraditado por los delitos de rebelión, registrado en la legislación alemana bajo el nombre de alta traición, y por el de malversación de fondos, contenido en el delito de corrupción que consta en la lista de 32 delitos que justifican, en el caso de la euro orden, la extradición automática. En casos como este, la Justicia alemana tramita la extradición en una media es de entre 15 y 45 días y un máximo de 60 días que marca la ley.

La Fiscalía destaca que las fuerzas policiales indicaron que, tras los enfrentamientos violentos del 20 de septiembre de 2017 entre ciudadanos catalanes y la Guardia Civil, era de esperar una escalada de la violencia el día del referéndum. Puigdemont, explica la Fiscalía, optó sin embargo por mantener la consulta pese a esas advertencias y comprometió a la policía autonómica a garantizar que los partidarios de la independencia pudieran participar en el referéndum. "Continúan la razones para su detención por riesgo de fuga", subraya la Fiscalía, quien considera que medidas menores a la prisión no garantizan su permanencia en Alemania mientras la Audiencia Territorial de Schleswig decide sobre su extradición.

Puigdemont fue detenido el domingo 25 de marzo en el norte de Alemania, poco después de cruzar la frontera con Dinamarca, en cumplimiento de la euroorden dictada por el juez Pablo Llanera del Tribunal Supremo español. El expresidente trataba de regresar a Bruselas, donde residía desde que huyó de la Justicia española hace cinco meses, luego de una visita de dos días a Finlandia, donde había ofrecido una conferencia y se había reunido con parlamentarios finlandeses. Un día después de su arresto, un juzgado de primera instancia alemán decretó que permaneciese en prisión de forma provisional mientras la fiscalía estudiaba la petición de extradición española porque consideraba que había riesgo de fuga.

Durante su estancia en la cárcel, el líder separatista ha recibido la visita de sus abogados, el español Jaume Alonso-Cuevillas y el alemán Wolfgang Schonburg, así como de varios políticos alemanes, como el eurodiputado euroescéptico Bernd Lucke y el diputado de La Izquierda Dieter Dehm.