El camino definitivo parece adoptado y será el de un decreto ley que modifique la Ley de Memoria Histórica para activar el proceso de exhumación de Francisco Franco, con una ventaja para el Gobierno ya que de esta manera se evita que un tribunal ordinario pudiera revocar la decisión de exhumar sus restos mortales.

De esta manera, la fórmula deja en manos unicamente del Tribunal Constitucional  una impugnación y por tanto dificulta el margen de éxito de un recurso para la familia o para la Fundación Franco.

Con esa baza en la manga,  este miércoles por al tarde, la Comisión General de secretarios de Estado y subsecretarios preparará el Consejo de Ministros del viernes, el primero tras las vacaciones estivales, y que entre otras cuestiones abordaría esta iniciativa.

Una vez aprobada entrará automáticamente en vigor, aunque la norma deberá ser convalidada por el Congreso en el plazo máximo de 30 días con lo que todos los grupos tendrán que retratarse.

En el Ejecuto descartan problemas para sacarlo adelante.

Aunque la medida fuera aprobada por el Consejo de Ministros del viernes, el decreto ley debería ser validado por el Congreso, por lo que hay que esperar al inicio del período de sesiones, ha recordado Guirao, que confía en que se pueda acometer este proceso lo antes posible.

El pasado 18 de junio, el Gobierno de Pedro Sánchez garantizó que se cumpliría con la proposición no de Ley de impulso de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en mayo de 2017, para proceder a la exhumación de los restos del dictador de su tumba y que esta se llevaría a cabo en julio.

A mediados de ese mes, el Gobierno socialista admitió problemas con la familia de Franco por la decisión de exhumarlo y mostró sus dudas de que fuera posible ese mismo mes, como tenía previsto inicialmente.