El que fuera presidente del Gobierno andaluz socialista durante 19 años, Manuel Chaves, ha afirmado que en virtud de su cargo "conocía que en el Gobierno de la Junta de Andalucía se daban ayudas sociolaborales" pero "cómo se daban yo no lo sabía, no correspondía a mi ámbito político de decisión".

Chaves, que se enfrenta a 10 años de inhabilitación en el juicio de la pieza política del caso ERE por prevaricación, ha comenzado a responder al fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y en varias ocasiones ha subrayado que como presidente del Gobierno andaluz conocía que se daban ayudas sociolaborales como en el ámbito educativo u otros, pero "cuál era el procedimiento, con qué requisitos o quiénes eran los beneficiarios no entraba en mi ámbito político de decisión".

Ha defendido que "en el contexto de confianza de un equipo de Gobierno" existía la convicción de que "cualquier ayuda" que se daba estaba conforme a ley.

"Para mí es muy difícil pensar que en cualquier consejería se pudiera establecer un procedimiento conscientemente ilegal"

"Para mí es muy difícil pensar que en cualquier consejería se pudiera establecer un procedimiento conscientemente ilegal o para burlar la ley", ha defendido.

Chaves ha defendido que durante sus años de presidente se reunió con muchos comités de empresa y sindicatos ante grandes crisis laborales porque "era mi responsabilidad" y "lo anormal es que un presidente del Gobierno no se hubiera reunido con el comité de empresa de Santana o Delphi" ha ejemplificado, tras subrayar que dichas reuniones eran "un acto de normalidad democrática".

Ha subrayado que la directriz política era que ante estas crisis se creara una mesa de negociación para tratar de salvar a la empresa en primer lugar y paliar los efectos en los trabajadores pero de nuevo ha insistido en que los acuerdos concretos a los que se llegaba en ese marco de negociación, que seguía las líneas de los acuerdos de Concertación Social con los agentes sociales, no formaban parte de su competencia.

Chaves, ha defendido  que "siempre" ha partido de que sus consejeros "en cualquier actuación respetaban la ley" y que le cuesta creer que "intencionadamente se hubiera establecido un procedimiento ilegal o para burlar la ley".

Una y otra vez ha subrayado que los detalles de cómo se daban las ayudas "no formaban parte de mi ámbito de decisión política" y "nadie" le informó de la necesidad de cambiar el sistema por agilidad.

Además "nunca conoció" el convenio marco de 2001 entre Empleo y el ente público IFA (luego IDEA) para que éste pagara las ayudas con fondos que la consejería que las concedía le enviaba mediante transferencias de financiación.

Tampoco conoció los diferentes borradores de decretos y órdenes para regularlas que no salieron adelante y nadie la planteó la "inexistencia de una base reguladora", pues "siempre he partido de que había una normativa que permitía dar esas ayudas" a trabajadores afectados por crisis laborales.

Chaves ha afirmado desconocer los informes de la Intervención de la Junta alertando del uso "inadecuado" del sistema de transferencias de financiación para que IFA/IDEA pagara las ayudas, que según la Fiscalía buscaba eludir la fiscalización previa.

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Sin embargo, "adecuado o inadecuado" dichas transferencias de financiación "estaban en la ley de Presupuestos" y "una ley no puede ser ilegal", ha defendido Chaves, que cuando estalló el caso ERE en 2011 era vicepresidente del Gobierno central.

Ha rechazado que la fiscalización previa sea "un control de primera División" y el control financiero permanente al que se sometían las cuentas de IFA/IDEA de "Segunda División", tras defender que en la mayoría de administraciones la tendencia es a ir implantando más el control financiero permanente.

En cuanto a las modificaciones presupuestarias para incrementar los fondos del programa de ayudas sociolaborales que pasaban por el Consejo de Gobierno ha señalado que no se debatían ni analizaban pues era un asunto "de trámite" ya que llevaban los informes correspondientes.

También ha subrayado que el Consejo de Gobierno debatía la "globalidad" de los presupuestos anuales de la Junta y no se veían detalles de programas concretos que eran "más de 140", insistiendo en que era competencia de cada consejero cómo distribuía la partida asignada a su área y que los parlamentarios tenían a su disposición toda la documentación complementaria usada en la elaboración de las cuentas

Septuagenario, al igual que Griñán, Chaves está retirado de la vida política pues ambos abandonaron sus escaños en las Cortes en 2015, y entregaron su carnet del PSOE, tras ser formalmente imputados por el Tribunal Supremo.

La primera instructora del caso, Mercedes Alaya, vio indicios de delito contra ellos en el 2013, pero al ser Chaves diputado y Griñán, senador, ambos estaban aforados, por lo que la causa se tuvo que elevar al Supremo, en el 2014, tribunal que los imputó un año más tarde.

La defensa de Chaves sostiene que no conocía el detalle de cómo se concedían las ayudas de Empleo, sino la política general que las sustentaba; que partía de la "convicción" de que el procedimiento para repartirlas era legal y que el Interventor nunca alertó de ilegalidades, "probablemente", porque no las vio.

"Si hubo alguna persona que utilizó fraudulentamente los fondos será la Justicia la que determine si esas actuaciones individuales provocaron fraude o no, si el fraude fue pequeño o grande", dijo Chaves tras declarar en el Supremo, el 14 de abril del 2015, horas después de que Griñán señalase a los periodistas, tras su declaración judicial, que en este caso "no hubo un gran plan pero sí un gran fraude".