El Tribunal de Cuentas ha recomendado al Gobierno que desarrolle un "adecuado marco normativo" para el ejercicio de las funciones del Alto Comisionado para la Marca España tanto en el ámbito contractual, como en el patrimonial y operativo, "a fin de que pueda cumplir ordenadamente sus objetivos".

En su comparecencia hoy en el Congreso para presentar el informe de fiscalización de Alto Comisionado para la Marca España, el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha pedido también al Ejecutivo que lo dote de los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar su trabajo.

A juicio del Tribunal de Cuentas, el proyecto Marca España configura su estrategia mediante objetivos generales pero "carece del necesario desglose en objetivos sectoriales y acciones concretas y medibles".

"Su seguimiento desagregado es prácticamente imposible, puesto que no se establecen indicadores que permitan medir su consecución ni su impacto en la evolución de la imagen de España", alerta.

Además, detalla que ha suscrito 41 convenios de colaboración entre 2012 y principios de 2017 con distintas entidades privadas, incluyendo uno firmado con una empresa de cuyo Consejo de Administración era vocal asesor el Alto Comisionado, Carlos Espinosa de los Monteros.

"También se han celebrado pactos de manera verbal, sin formalización de documento escrito alguno, lo que no se ajusta a la normativa del procedimiento administrativo y de transparencia, impidiendo cualquier revisión y control posterior de lo acordado", avisa.

Los portavoces de algunos grupos parlamentarios han criticado el papel de esta figura creada por el Gobierno de Mariano Rajoy en junio de 2012.

Podemos considera que la Marca España ha sido un ejemplo de "cómo no hacer política de Estado", mientras el PSOE ha acusado al anterior Gobierno de falta de transparencia sobre las actividades del Alto Comisionado. "Tomamos nota de las recomendaciones", ha adelantado la socialista Miriam Alconchel.

Desde el PP, Blanca Martínez ha criticado que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez pretenda eliminar este organismo en un ejercicio de "revanchismo" con el legado del anterior Ejecutivo. Ha reclamado que no se busquen "excusas", "pretextos, ni culpables" para suprimir el Alto Comisionado.

El propio Álvarez de Miranda ha dejado claro que el Tribunal de Cuentas no cuestiona la existencia de la Marca España, aunque considere que se deben introducir elementos de gestión adecuados.

Ya en su escrito de alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas, la Oficina del Alto Comisionado para la Marca España reconoció la necesidad de que el Gobierno le dote de un presupuesto propio para poder realizar su trabajo.

Según ese documento de alegaciones, ni su director, ni el alto comisionado del Gobierno deben ser considerados como "altos cargos", por lo que no están sujetos a las obligaciones que determina la ley y cuyo "incumplimiento" cuestiona el Tribunal de Cuentas.