Trece comunidades autónomas han firmado hoy en Pamplona una declaración institucional con la que se comprometen con la memoria histórica como herramienta de profundización democrática.

Con esta declaración ha finalizado el I encuentro de la Red Interautonómica de Memoria Histórica, cuyos miembros han visitado después la ruta de montaña GR-225, en la que han conocido la historia de la fuga del penal de Ezkaba, y dos exhumaciones en las localidades de Saigots y Urdániz promovidas por el Gobierno de Navarra.

Al acto de la lectura de la declaración, celebrado en el Palacio de Navarra, ha asistido representantes autonómicos de las comunidades concernidas.

En el texto Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Extremadura, La Rioja, País Vasco y Navarra fijan la convivencia como "uno de los objetivos básicos e ineludibles de todas las sociedades democráticas" y afirman que para que sea "real y justa, es preciso proyectar una mirada crítica sobre el pasado".

"Una mirada que, desde valores democráticos y desde unos principios éticos firmes, condene todas las vulneraciones de Derechos Humanos cometidas" y permita políticas públicas que den respuesta a las víctimas.

Las trece comunidades afirman por ello su "condena del golpe militar de 1936 y de la dictadura franquista", y su "compromiso con una cultura de paz, respeto y tolerancia".

Muestran además su convencimiento de que la memoria es una "herramienta para el recuerdo de la injusticia de la violencia y como medio para construir sociedades más justas, más éticas, más solidarias y más democráticas, donde aquellos trágicos acontecimientos no puedan volver a producirse".

Por último reiteran su compromiso también "con los Derechos Humanos y con el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación".

Además de firmar esta declaración, las trece comunidades han mantenido una sesión de trabajo en la que han explorado las posibilidades de colaborar, han mostrado su disposición a hacerlo para la localización de familiares, y también para trabajar en una mesa técnica y explorar las posibilidades de compartir esfuerzos entre los bancos de ADN ya operativos (Navarra, Andalucía, Euskadi y Cataluña).