El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha comunicado hoy a la comisaria europea de Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, las últimas detenciones de personas acusadas de rebelión y terrorismo porque ve una "falta de proporción ante presuntos delitos cometidos por personas disidentes con la unidad de España".

Una activista de los CDR fue detenida ayer acusada de rebelión y terrorismo en una operación coordinada por la Audiencia Nacional por los cortes de carretera y el levantamiento de peajes realizados hace dos semanas.

El Sindic, que también ha informado al respecto a los relatores de Derechos Humanos de la ONU, ha recordado que "las libertades de expresión y de manifestación constituyen derechos fundamentales protegidos por las más altas normas jurídicas nacionales e internacionales y que, a pesar de que estas libertades no son absolutas, sus límites deben estar basados en la ley, buscar fines legítimos y ser proporcionales".

Según el defensor de los catalanes, "las actuaciones perseguidas en este caso por la Audiencia Nacional deben considerarse 'prima facie' como expresión de libertades públicas legalmente protegidas".

"Si, en el transcurso del ejercicio de estas libertades, se han rebasado los límites constitucionales y estatutarios de los derechos en cuestión y se han cometido actos de desorden público, se deben perseguir penalmente estos hechos con proporción y medida", defiende el Síndic.

Para Ribó, la calificación de las protestas "como rebelión o terrorismo resulta manifiestamente desproporcionada, contraria al principio de legalidad y dirigida aparentemente a criminalizar la protesta, provocar un efecto disuasorio y permitir a la Audiencia Nacional asumir la instrucción de unos hechos que correspondería a los juzgados de instrucción".