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SENADO CONTROL

El Senado quiere atajar el abuso de los recursos de control de los senadores

El Senado quiere atajar el "uso abusivo" que algunos senadores hacen de las facultades de control que les concede el Reglamento para recabar informes a las Administraciones Públicas y formular preguntas para su contestación por escrito, unas prácticas que se han desbordado en esta legislatura.

  • Agencia EFE

El Senado quiere atajar el "uso abusivo" que algunos senadores hacen de las facultades de control que les concede el Reglamento para recabar informes a las Administraciones Públicas y formular preguntas para su contestación por escrito, unas prácticas que se han desbordado en esta legislatura.

Para ello, la Mesa del Senado ha acordado proponer a la Junta de Portavoces exigir a los senadores que planteen preguntas o pidan documentos a ayuntamientos y Comunidades Autónomas que justifiquen que esa información "tiene relación con su actividad parlamentaria y no existen otro tipo de objetivos", según ha explicado hoy el vicepresidente de la Cámara, Pedro Sanz.

La propuesta se basa en un exhaustivo informe de los servicios jurídicos de la institución sobre un problema agravado en lo que va de XII Legislatura, con 3.297 solicitudes de documentos presentadas, cifra que quintuplica las presentadas a lo largo de los cuatro años de la X Legislatura, con solo 609 requerimientos registrados.

El documento, al que ha tenido acceso EFE, apunta posibles soluciones, como el establecimiento de cupos para las preguntas escritas, algo a lo que no se ha referido Pedro Sanz, o la obligación de justificar las peticiones de información.

El dictamen no cita a ningún senador en concreto, pero constata que los casos más conflictivos se restringen a un "número relativamente limitado de senadores" por la enorme acumulación de peticiones de información o de preguntas escritas.

En esta legislatura ha sido llamativo el caso del portavoz de Compromís, Carles Mulet, a raíz de su campaña para pedir a ayuntamientos de toda España justificación de que sus callejeros cumplen con la Ley de Memoria Histórica y que no hay en sus calles nombres de personas vinculadas al franquismo.

El propio Mulet habla de 2.000 casos denunciados, de los que ha recibido menos de 300 respuestas no siempre satisfactorias.

Además, según su ficha parlamentaria, en lo que va de legislatura él solo ha formulado 13.854 preguntas escritas y ha tramitado 2.481 solicitudes de informes a instituciones públicas.

El vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, ha explicado que hay "determinadas preguntas que pueden exceder de las propias responsabilidades que asume un senador" y ha recordado que hay sentencias del Tribunal Constitucional que amparan la posibilidad de que la Mesa califique negativamente determinadas preguntas.

Ha añadido que se pretende evitar "ir en contra de algo tan importante como es la autonomía municipal y autonómica" que puede no ser respetada en la formulación de preguntas.

Los servicios jurídicos del Senado apuntan que "el ejercicio del derecho a la información de los senadores puede derivar en una práctica abusiva del mismo, ajena a su finalidad propia y que, incluso, podría justificar una decisión de la Mesa de inadmisión de dichas iniciativas".

Los senadores tienen reconocido expresamente en el Reglamento el derecho a recabar "datos, informes o documentos" de todas las Administraciones Públicas, y no sólo del Gobierno, desde 2004.

Pero los letrados advierten de que muchas veces los ayuntamientos y Comunidades Autónomas discuten la competencia del Senado para pedirlos y dudan sobre su verdadera finalidad; de hecho, muchas veces los consistorios denuncian que son peticiones idénticas a las ya presentadas por concejales del partido al que pertenece el senador.

Esta práctica está creando conflictos, con 226 solicitudes de amparo por solicitudes no atendidas y 1.290 solicitudes de contestación efectiva.

También aumentan las preguntas escritas; ya se han tramitado 41.323, y de continuar a este ritmo al acabar la legislatura se superarán las 86.691 de la X Legislatura.

El informe reseña 63 solicitudes de amparo, 161 peticiones de respuesta efectiva y 1.469 no admitidas a trámite por defectos formales,.

Además alerta sobre el problema de las no respondidas en plazo, que pueden transformarse en orales en comisión y que ya llegan a 1.902, frente a 898 en la IX Legislatura y 1.582 en la X.

Ello provocando el bloqueo en el funcionamiento de algunas comisiones por acumulación de preguntas orales.

Con todo este panorama, y tras analizar los sistemas de control en los parlamentos autonómicos y europeos, los servicios jurídicos sugieren "modular la regulación" de las peticiones de documentos para "limitar los efectos indeseados de una utilización abusiva o ajena al cumplimiento de las funciones parlamentarias."

Así, se daría prioridad a las dirigidas a la Administración General del Estado, pero se pediría motivación para las destinadas a otras Administraciones Públicas.

Para las preguntas escritas, plantean fijar cupos para cada senador, como ocurre en Alemania, Francia o en el Parlamento Europeo, e incluso establecer requisitos para sean concisas y evitar preguntas demasiado largas y farragosas y con muchos interrogantes.

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