El Senado ha pedido hoy al Gobierno que planee en Bruselas un cambio urgente de la política de control migratorio en el Mediterráneo, que incluya reforzar los sistemas de búsqueda y salvamento, así como establecer garantías y controles, reales y efectivos del respeto a los derechos humanos y al derecho internacional de asilo y refugio.

Por 19 votos a favor y 18 en contra, la Comisión Mixta para la UE, celebrada en el Senado, ha aprobado una proposición no de ley sobre la política europea de control migratorio en el Mediterráneo Central presentada por el PSOE, que ha contado con enmiendas del PP y de Unidos-Podemos.

Los senadores han dado luz verde a un texto que insta al Gobierno para que lleve a Bruselas diversas iniciativas destinadas a cambiar con urgencia unas políticas que no han generado la resolución del problema de fondo.

Se pide que se apliquen políticas de choque que permitan una mejor gestión, por parte de todos los países miembros, de la crisis del Mediterráneo, y que eso no pase por la externalización a terceros países de la mayor carga del problema que afecta y seguirá afectando a miles y miles de personas que no pueden ser acogidos con garantías.

El Senado reclama "una respuesta adecuada, duradera, firme y eficaz" para evitar el aumento del número de víctimas en el Mediterráneo y en el contexto de falta de rutas legales y seguras, se lleve a cabo el reforzamiento de las capacidades de búsqueda y salvamento de la UE y de los Estados miembros, en el marco de una operación humanitaria a escala de toda la Unión.

Asimismo se pide el reconocimiento de la labor de las ONG que, a pesar de las dificultades y peligros a que se enfrentan, mejoran la seguridad marítima con las labores de salvamento y rescate.

También se insta al Gobierno español a promover medidas destinadas al efectivo respeto de los derechos humanos, del derecho humanitario internacional y de los compromisos en materia de desarrollo del Tratado de la UE, en los acuerdos de cooperación con terceros países en materia de migración y asilo.

Dicha cooperación, añade el texto aprobado, ha de conllevar a la realización de una evaluación sobre la seguridad del país, sus sistemas de asilo, su apoyo a los refugiados y su capacidad y voluntad de luchar contra la trata de seres humanos y tráfico ilícito de personas.

Según ha denunciado la portavoz socialista María Dolores Galovart no se ajusta a la realidad presentar como un éxito el hecho de que, como consecuencia de la externalización de fronteras con Libia, se está produciendo una disminución del número de personas que parten de ese país hacia Europa.

Ha alertado de que la política de externalización conlleva el cierre de alguna ruta de acceso, lo que no impedirá que aparezcan nuevas y más peligrosas vías de entrada, arrojando a las personas en las mismas manos de traficantes que la UE pretende desmantelar.

Los senadores han coincidido en el drama en el Mediterráneo y han apuntado que en 2017 hubo 2.823 muertos frente más de 4.000 en el año anterior.