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FINANCIACIÓN PARTIDOS (Ampliación)

PSOE, Podemos y Cs proponen en solitario endurecer el delito de financiación

PSOE, Unidos Podemos y Cs han aprobado hoy en solitario el informe de la subcomisión del régimen y financiación de los partidos políticos del Congreso que, entre otras medidas, propone endurecer el delito de financiación ilegal, acuerdo del que se han desmarcado el PP, PNV y PDeCAT.

  • Agencia EFE

PSOE, Unidos Podemos y Cs han aprobado hoy en solitario el informe de la subcomisión del régimen y financiación de los partidos políticos del Congreso que, entre otras medidas, propone endurecer el delito de financiación ilegal, acuerdo del que se han desmarcado el PP, PNV y PDeCAT.

El documento de 75 puntos que será debatido la semana que viene en comisión, solo ha contado con el voto favorable de PSOE, Unidos Podemos y Cs, mientras que el PNV y el PDeCAT se han abstenido.

Los populares, por su parte, han decidido no participar de la votación en protesta por el cierre anticipado de los trabajos de la comisión.

A la salida de la reunión, la portavoz del PP, Beatriz Escudero, ha anunciado que su partido defenderá un voto particular al dictamen aprobado que, ha denunciado, se ha hecho "sin luz y taquígrafos" y es deficiente en su contenido ya que, por ejemplo, propone medidas que ya están en vigor.

Por el contrario, Artemi Rallo, del PSOE, ha reprochado al PP que haya "arrastrado los pies" desde el inicio de la subcomisión y en ningún momento haya tenido intención de pactar nuevas medidas para mejorar el control de las finanzas de los partidos y de sus fundaciones.

En esta línea, el diputado de Cs, Ignacio Prendes, se ha felicitado del acuerdo y ha criticado al PP su falta de voluntad para acordar este dictamen. "Nunca quisieron esta comisión", ha lamentado.

El PNV, que ha decidido abstenerse en la votación y presentará como el PP un voto particular, ha criticado que PSOE, Unidos Podemos y Cs hayan cerrado una acuerdo a tres "al margen de los demás".

"Al parecer los tres partidos que han pactado el informe han dejado de lado uno de los principios que ha regido esta subcomisión, el consenso o la casi unanimidad, y han optado por el acuerdo por mayorías. Es legítimo, pero entonces, si ellos se lo guisan, ellos se lo comen", ha lamentado el diputado Mikel Legarda.

El dictamen aprobado hoy apuesta por rebajar "significativamente" la cuantía mínima que da lugar a los supuestos de penas de prisión en el delito de financiación de partidos, tipificar como delito la "manipulación" de las cuentas, e igualar las cantidades fijadas como umbral delictivo de todos los tipos de donaciones ilegales.

"Los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción de sus cargos públicos u orgánicos deben hacerse responsables patrimonialmente de dichos actos", añade el dictamen.

En cuanto a las sanciones administrativas, solicita que se amplíe el plazo de prescripción, teniendo en cuenta que debe partirse del principio de que es "preferible" emplear la vía administrativa a la penal.

Así, considera que deberían tipificarse como infracciones la incorrecta identificación de los donantes a los partidos políticos.

Apartado especial del dictamen aprobado merece la función de fiscalización de las finanzas de los partidos por parte del Tribunal de Cuentas.

Propone la reforma del tribunal para reforzar sus competencias y asegurar la "percepción de independencia por parte de la ciudadanía".

"Deben reforzarse las funciones de control y fiscalización del Tribunal de Cuentas para auditar en el menor tiempo posible y sin demoras injustificadas las cuentas de las organizaciones políticas, y no como sucede hasta ahora", alerta.

A su juicio, se debe abordar una profundización de los medios "coercitivos" del Tribunal de Cuentas así como su capacidad sancionadora, y facultarle para retener "toda subvención pública" a los partidos que no le hayan remitido sus cuentas.

Otro de los aspectos que señala el dictamen es la dificultad de fiscalización de las subvenciones recibidas por los grupos municipales y autonómicos, al tiempo que propone modificar el régimen jurídico de las fundaciones vinculadas a los partidos y extremar el control que tiene sobre ellas el Tribunal de Cuentas.

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