El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, ha reclamado hoy "una transición ecológica de la economía justa" en relación al futuro del sector del carbón que tenga en cuenta "la situación de los territorios y de las personas".

Barbón ha señalado que, en ese ámbito, el PSOE tiene "un marco claro" como son las resoluciones de su 39 Congreso en el que Pedro Sánchez fue elegido de nuevo secretario general y que definen la postura de la FSA "en el pasado y en el futuro teniendo en cuenta la situación que aún tienen miles de trabajadores".

El dirigente socialista ha respondido así en un comunicado a la advertencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre el escaso futuro del carbón y la necesidad de avanzar en el cierre de centrales térmicas que lo usan para generar energía.

"Nuestra posición en defensa de los intereses de Asturias ha sido, es y será nuestra seña de identidad como socialistas", añade Barbón que incide en que desde la FSA-PSOE no valorarán "posiciones, sino decisiones" y que, cuando se adopten, "será el tiempo de analizarlas y de posicionarse".

Además, el secretario general de la FSA-PSOE considera "una absoluta vergüenza" que el PP quiera alzarse "como defensor del carbón autóctono" tras casi siete años de gobierno en los que no invirtió "ni un solo euro" en las cuencas mineras y que dejó endeudados a sus ayuntamientos por impagos de fondos comprometidos.

Asimismo, responsabiliza al PP de haber dejado entrar en crisis a la gran mayoría de empresas mineras y de haber sido la causa de cientos de despidos de trabajadores y la reprocha que ahora pretenda decir "que apoya al carbón" por lo que subraya que en este tema la credibilidad de los populares "es cero".

Según la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, el Principado "tiene que plantarse con una sola voz" en defensa del sector del carbón y de una transición "ordenada" para el cierre de las centrales térmicas que utilizan la hulla para la generación de electricidad.

Los gobiernos de Asturias y de Castilla y León llevan meses defendiendo la necesidad de que el Ejecutivo central tenga la última palabra en el cierre de instalaciones de generación eléctrica como el planteado por la empresa Iberdrola para sus plantas de Lada, en Asturias, y de Velilla, en Palencia.

Según ambos ejecutivos regionales, su clausura determinaría un incremento del precio de la electricidad lo que en Asturias condicionaría la continuidad de industrias de gran consumo energético radicadas en el Principado como la multinacional siderúrgica ArcelorMittal, Asturiana de Zinc o la aluminera Alcoa.