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SUCESOS LAVAPIÉS

Podemos pide en el Senado medidas para dar "papeles" a inmigrantes como Mbaye

Madrid, 20 mar (EFE).- Unidos Podemos ha presentado una moción en el Senado en la que pide al Gobierno que adopte medidas "concretas y específicas" para evitar el "limbo jurídico" de muchos inmigrantes, como el "mantero" senegalés fallecido el jueves pasado en Lavapiés, Mame Mbaye, indocumentado pese a llevar 14 años en España.,La portavoz adjunta del grupo de Unidos Podemos en la Cámara Alta, Maribel Mora, quien ha lamentado los hechos "bastante dolorosos" ocurridos en los últimos días en Madri

  • Agencia EFE

Unidos Podemos ha presentado una moción en el Senado en la que pide al Gobierno que adopte medidas "concretas y específicas" para evitar el "limbo jurídico" de muchos inmigrantes, como el "mantero" senegalés fallecido el jueves pasado en Lavapiés, Mame Mbaye, indocumentado pese a llevar 14 años en España.

La portavoz adjunta del grupo de Unidos Podemos en la Cámara Alta, Maribel Mora, quien ha lamentado los hechos "bastante dolorosos" ocurridos en los últimos días en Madrid, ha anunciado que además de despenalizar el "top manta" con una iniciativa del Congreso, su formación propone medidas para abordar la situación irregular de muchos migrantes que se ganan la vida en la calle.

Así, su moción del Senado plantea que sea obligatorio "documentar por escrito" a los migrantes cuya repatriación no se ejecuta por diversos motivos, de manera que se establezca "la extensión de su estatuto de garantías" y se especifiquen los supuestos para "otorgarles una autorización por motivos extraordinarios en casos de situación de irregularidad prolongada".

El texto explica que la "decisión de retorno" o expulsión puede no haberse cumplido por motivos jurídicos -como la aplicación del principio de no devolución-, de carácter humanitario, o técnico, debido a la falta de capacidad en el transporte o la imposibilidad de identificar a la persona que las autoridades quieren expulsar.

Se trata de pasos que, según la senadora, puede dar el Gobierno sin necesidad de cambiar la normativa, simplemente atendiendo a lo establecido en las directivas europeas para estos casos.

La exposición de motivos de la moción subraya que en 2015 ingresaron en calabozos de la Policía 36.327 extranjeros, de los que 6.930 pasaron a Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), y de ellos 2.871 fueron expulsados; además, pese a que se ordenaron 10.289 devoluciones, sólo se realizaron 3.725, y de los 20.552 expedientes de expulsión, se materializaron 6.869.

Estos datos ponen de manifiesto, según Unidos Podemos, que existe un "alto número" de personas extranjeras en España calificadas de "inexpulsables" en situación de "limbo jurídico" porque ni son devueltas o expulsadas ni se adopta sobre ellas, "contrariamente a lo dispuesto en la normativa de la UE", ninguna medida "tendente a regular su situación".

La moción hace hincapié en que la Directiva de diciembre de 2008 sobre retorno de nacionales de terceros países determina precisamente un estatuto aplicable a las personas que están a la espera de retorno, con garantías como el mantenimiento de la unidad familiar, una prestación sanitaria básica, el acceso de los menores a la educación y la atención a las personas vulnerables.

Y recuerda que prevé proporcionar a estos inmigrantes una "confirmación escrita" de la prórroga del plazo para su salida voluntaria o de la no ejecución temporal de su expulsión.

El texto cita una resolución de 2014 del Parlamento Europeo en la que se pide a los estados miembros que aplican "plenamente la Directiva sobre retorno y que emitan un certificado en caso de aplazamiento de la expulsión, con vistas a evitar una situación de limbo jurídico".

Igualmente invoca la previsión contemplada en esta directiva para que los países europeos puedan "en cualquier momento" conceder a nacionales de terceros países un permiso de residencia "u otra autorización que otorgue un derecho de estancia por razones humanitaria o de otro tipo".

Son estos preceptos de rango europeo los que Unidos Podemos pretende que se apliquen en España para "evitar las situaciones a las que se abocan a los migrantes que habiendo sido objeto de una decisión de retorno esta no puede ejecutarse".

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