El Parlament, con los votos de JxCat, ERC, Catalunya en Comú-Podem y CUP, ha tumbado hoy una proposición de ley del PP para modificar el estatuto de los expresidentes de la Generalitat y que aquellos que fueran condenados penalmente perdieran automáticamente sus "prerrogativas y privilegios".

Una proposición del PP que ha sido tramitada por lectura única gracias al apoyo de las tres fuerzas independentistas, en un procedimiento exprés que el resto de partidos de la oposición ha lamentado, al considerar que el debate para reformar esa ley se debería haber tenido que hacer con más tiempo y reflexión.

La proposición buscaba modificar la ley para que los derechos y prerrogativas reconocidos a los expresidentes fueran revocados en caso de condena penal firme o si así lo acordaba el pleno por una mayoría de dos terceras partes y en caso de que se pudiera constatar que ya no concurrían las condiciones de honorabilidad necesarias.

El texto también proponía modificar la ley para que los medios materiales y personales a disposición de los expresidentes sólo se pudieran poner a su disposición dentro del territorio catalán.

Aunque la propuesta ha contado con apoyo de Ciudadanos y PSC, ha sido tumbada al topar con los votos en contra de JxCat, ERC, comunes y CUP.

También han sido rechazadas por el PP, JxCat, ERC y PSC dos enmiendas de Ciudadanos, aunque una de ellas había contado con el apoyo de la CUP y la abstención de comunes: la que hacía referencia a que los expresidentes que ejercieran un cargo público o privado no gozaran de los medios y dotación presupuestaria para su oficina de expresidente de la Generalitat, a cargo del gobierno catalán.

El diputado del PPC Alejandro Fernández ha sostenido: "En cualquier democracia del mundo, tras una condena penal, los derechos de los expresidentes quedan revocados automáticamente. Lo que solicitamos, para dignificar y aportar decoro a la institución de la Presidencia, es lo normal en cualquier democracia de Europa".

El diputado popular ha lamentado que "de la mano del nacionalismo más simbólico, místico y esencialista, se haya llegado a las más altas cotas de desprestigio de la Generalitat".

"Los mismos que aseguran que Quim Torra es el 131 presidente de la Generalitat, cuando en realidad es el décimo, son los que vetan su presencia en algunas dependencias del Palau o lo someten a la estricta obediencia a un expresidente fugado de la justicia. Torra y Puigdemont, Puigdemont y Torra, tanto monta, monta tanto. Es un espectáculo grotesco", ha aseverado Fernández.

Desde Cs, el diputado Nacho Martín Blanco ha lamentado la oportunidad perdida desde el Parlament de "reflexionar" sobre la "honorabilidad" de los expresidentes o que "deban estar radicados en Cataluña y no pesen sobre ellos condenas penales". "Querer mejorar las instituciones no es ser anticatalán", ha apuntado.

Aunque el diputado de PSC-Units Ferran Pedret ha reconocido que sobre esta propuesta era "ad hoc" por el "contexto" de Carles Puigdemont, ha considerado que los aspectos que proponía eran "razonables y ponderables", y de ahí el apoyo de los socialistas.

En cambio, Eusebi Campdepadrós (JxCat) ha criticado que "de los autores del 'a por ellos' llega una ley a por él, a por Puigdemont". "¿De verdad es todo lo que tienen para proponer a la ciudadanía de Cataluña?", se ha preguntado.

Y el diputado de ERC Ferran Civit ha opinado que "la dignidad de la institución no viene por recortar prerrogativas, sino de dignificar su trabajo político, al servicio de toda la ciudadanía y no del Ibex35, y sin corrupción", y ha aconsejado al PP que presente esa propuesta en el Congreso para "expresidentes del Gobierno que han cobrado sueldos de empresas".

En voz de Catalunya En Comú-Podem, Elisenda Alamany ha considerado que la propuesta del PP "es de cara a la galería en un momento coyuntural", para "buscar un titular y satisfacer a la caverna mediática". "Que el PP nos hable de regeneración, con la que está cayendo, difícilmente vendrá de su mano", ha subrayado.

Vidal Aragonés (CUP) ha calificado de "enmienda Puigdemont" una propuesta de reforma que es de "persecución política", por parte de un PP que "no puede soportar que haya exiliados con trato de expresidentes de la Generalitat".