El Parlament ha pedido al Tribunal Constitucional que deje sin efecto la suspensión de la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat, alegando que se ha extralimitado y ha vulnerado los derechos de participación política de la Cámara y de "toda la ciudadanía de Cataluña".

El letrado del Parlament Joan Ridao ha presentado alegaciones a la decisión del Tribunal Constitucional de aplazar su resolución sobre si admite o no a trámite el recurso que presentó el Gobierno contra la convocatoria del pleno del Parlament para elegir telemáticamente a Puigdemont presidente de la Generalitat.

Los magistrados del TC consideran que ha tenido lugar una "pérdida de objeto" del recurso del Gobierno, después de que Puigdemont haya desistido de su investidura y el Parlament convocara un pleno para el lunes pasado -finalmente suspendido- para elegir presidente de la Generalitat al número dos de JxCat Jordi Sànchez, en prisión preventiva desde el pasado mes de octubre.

En sus alegaciones, el Parlament razona que las medidas cautelares que adoptó el TC "han tenido una afectación directa en los derechos de un diputado electo, Carles Puigdemont" y en el "derecho de representación popular" de la Cámara catalana.

Según el letrado del Parlament, con sus medidas el Constitucional ha vulnerado "los derechos de participación política de toda la ciudadanía de Cataluña", al haber determinado "bajo la apariencia de medida cautelar, la forma como debe llevarse a cabo una sesión de investidura" en la Cámara catalana, "al margen del resultado del proceso constitucional".

En ese sentido, el escrito del Parlament reprocha asimismo al Constitucional que haya "impartido instrucciones a este respecto al presidente y a los miembros de la Mesa, en una clara extralimitación de sus funciones jurisdiccionales".

El escrito pide al TC que deje sin efecto la suspensión de la candidatura de Puigdemont, tras recordarle que es la "primera vez en su historia" en que habrá acordado medidas cautelares sin admitir a trámite la demanda del Gobierno.

La Cámara catalana razona además en su escrito que esas medidas cautelares no han sido "solicitadas por el recurrente", el Gobierno, y no están previstas en la Constitución, ni en la ley que regula el Tribunal Constitucional ni en el resto de leyes procesales.

Además, señala el letrado del Parlament, las medidas cautelares se han acordado "inaudita parte", sin recabar primero las argumentaciones de las partes afectadas sobre la cuestión.

Por ese motivo, razona el Parlament, "podría darse muy bien la paradoja" de que el Gobierno al impugnar la investidura haya conseguido los mismos objetivos que perseguía, pero sin que el Tribunal Constitucional "la haya admitido siquiera, por la vía de unas hasta ahora desconocidas medidas cautelares".