El pasado mes de julio, una mujer de origen argelino pidió al Consejo de Estado que anulara, por “exceso de poder”, la decisión del primer ministro que el 20 de abril anterior le había negado la adquisición de la nacionalidad francesa.

En Francia, la ley dice que el extranjero o apátrida que se casa con una persona de nacionalidad francesa puede, tras cuatro años de matrimonio, adquirir la nacionalidad francesa por declaración, y esto es lo que hizo la susodicha mujer que se había casado con un francés el 27 de mayo de 2010 en Nédrona (Argelia).

Sin embargo, la ley también indica que el gobierno puede oponerse a esta naturalización por causas de “indignidad o falta de asimilación” en el plazo de dos años, y es el argumento que ha utilizado el primer ministro para negarle finalmente la nacionalidad.

En junio de 2016 adquirieron la nacionalidad francesa 88.775 personas. Ese mismo año, la mujer, que responde a las iniciales B.A., participó en la ceremonia de acogida en la nacionalidad francesa que organizaba la prefectura de Isère. En un momento dado se negó a estrechar la mano del secretario general de la prefectura y la de un concejal de un pueblo de la región, que estaban allí para darles la bienvenida, y explicó después que se había negado a causa de sus convicciones religiosas. Esta actitud llevó al primer ministro a emitir un decreto oponiéndose a que esta mujer adquiriese la nacionalidad francesa porque “el comportamiento de la interesada, en un lugar y en un momento simbólicos, rebelaban un defecto de asimilación”.