El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha respondido al juez que instruye el caso del "procés" en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que, "cuando se han detectado indicios de delito", su departamento lo ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado y de la del Tribunal de Cuentas.

Montoro respondió en estos términos hace casi quince días a la providencia dictada en abril por el juez Llarena, que le pidió que le explicara "a la mayor brevedad posible" sus declaraciones en una entrevista en El Mundo, en las que decía que no se había utilizado dinero público para el referéndum independentista del día 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

En su contestación, Montoro indica que Hacienda remitió a la Fiscalía General del Estado cuatro escritos con presuntas irregularidades y otros tantos a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

Reitera, eso sí, unas afirmaciones suyas en la citada entrevista, en concreto cuando dijo que no se habían pagado con dinero público, "a expensas de lo que resulte de la investigación penal", ni las urnas utilizadas en la votación del 1-O ni la manutención del expresidente Carles Puigdemont en Bélgica.

Según su criterio, los mecanismos de control no son incompatibles con la investigación judicial llevada a cabo de aquellas "acciones u omisiones con relevancia penal que se habrían producido al margen o eludiendo el sistema de control administrativo de los pagos".

La labor del Ministerio de Hacienda en relación con la actuación de los tribunales de Justicia, recalca, "ha sido, es y será siempre la de la máxima colaboración y cooperación, prestando el auxilio que, en su caso, se precise para el esclarecimiento de los hechos que eventualmente pudieran ser constitutivos de delito, ya sea de malversación como de cualquier otro".

Después de hacer hincapié en que sus declaraciones hay que ponerlas "en el contexto periodístico y político en el que se encuadran", considera que sus palabras "en modo alguno contradicen los medios de prueba practicados por los tribunales de Justicia".

A través de ocho páginas, que han llegado al Supremo junto con diversa documentación en soporte informático, Montoro aprovecha para señalar que, gracias a la puesta en marcha de diferentes mecanismos de control de las cuentas de la Generalitat, "se ha impedido que exista la instrumentalización de un presupuesto público para conseguir la independencia de una parte del territorio español".

Y cuando en la información de la que han dispuesto se ha detectado "sospecha de indicios de delito", se ha puesto "con la debida diligencia" en conocimiento de las autoridades judiciales.

Fue precisamente como resultado de esas actividades de comprobación por lo que Hacienda solicitó a la Abogacía del Estado la personación en las causas en las que se investigaba una eventual malversación de caudales públicos.

Además de por los mecanismos de control, Hacienda dispone de información de control presupuestario de Cataluña en virtud de los requerimientos realizados a la Intervención de la Comunidad Autónoma, en cumplimiento de la providencia del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona de noviembre de 2017.

Se formularon requerimientos directos a la Intervención General de la Generalitat el 15 de enero, el 29 de enero, el 6 de febrero, el 15 de febrero, el 21 de febrero y el 5 de marzo de 2018, que, junto con las contestaciones, se han enviado al Juzgado 13.

Describe igualmente otras actuaciones que se han puesto en conocimiento de la Fiscalía ante indicios de delito, por ejemplo el 20 de septiembre, ante la negativa de la Generalitat de responder a los requerimientos, en particular la de aportar la relación de contratos de auditoría y de prestación de servicios bancarios.

También se remitieron escritos a la Fiscalía General del Estado por la partida destinada a "publicidad, difusión y campañas electorales" y por la falta de atención en plazo del requerimiento el que se solicitaban todos los expedientes de gasto del año 2017 de Diplocat, relativos a programas relacionados con misiones de observación electoral o cualquier otro expediente relacionado con el referéndum del 1-O.

A la Fiscalía del Tribunal de Cuentas se hizo llegar una denuncia el 20 de octubre pasado sobre las actuaciones relacionadas con el 1-O por parte del Govern y de las entidades Ómnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana, así como una petición para que se abrieran actuaciones por la posible responsabilidad contable de 200 alcaldes que viajaron a Bruselas a apoyar a Puigdemont.