La Mesa del Parlament, con mayoría soberanista, ha decidido hoy querellarse contra el juez del Supremo Pablo Llarena por presunta prevaricación, pese a las reticencias de los letrados de la Cámara y la oposición y la advertencia del Gobierno de que podrían incurrir en un delito de malversación.

La decisión del juez de no excarcelar a Jordi Sànchez para participar en el pleno de investidura que debía haberse celebrado hoy, y que fue desconvocado, ha tenido una respuesta judicial por parte de los independentistas en una reunión extraordinaria de la Mesa.

En el encuentro, el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, que podría comparecer la semana próxima ante el comité de Naciones Unidas, ha propuesto que la institución se querelle contra Llarena por un presunto delito de prevaricación, lo que ha sido aprobado con los votos de la mayoría de JxCat y ERC en la Mesa.

Los dos grupos independentistas también han apoyado la propuesta de Catalunya En Comú-Podem -que no tiene derecho a voto en la Mesa- de presentar, antes de la querella, una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial.

En cambio, Ciudadanos y PSC han votado en contra de la querella, y también ha expresado su rechazo el PPC, aunque no tiene derecho a votar en la Mesa, al igual que la CUP.

La querella contra Llarena, que también se podría ampliar a todos los magistrados de la Sala Penal del Supremo, se ha encargado a los servicios jurídicos del Parlament, pese a que no son expertos en derecho penal, tal como ellos mismos han recordado.

Los letrados han informado a los soberanistas que la Cámara es una institución "plural" que debe diferenciarse de diputados y grupos en cuestiones como una querella contra un juez, decisión que ven política y sobre la que piden prudencia y estudiar otras vías.

Según han relatado a Efe fuentes parlamentarias, el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, han manifestado en una exposición verbal diversas objeciones respecto a la viabilidad de dicha querella.

Entre otros argumentos, Muro y Bayona han incidido en que los miembros de la Mesa deben tener claro que el Parlament es una institución "plural" que debe diferenciarse de los diputados y los grupos al emprender acciones legales.

Bajo el punto de vista de los letrados, la querella finalmente aprobada responde a una decisión "política" y han aconsejado prudencia y cautela a los grupos que la han propuesto.

Y es que han recomendado a esos grupos que se plantearan otras vías antes que impulsar desde la Mesa una querella, ya que han recordado que se trata de una acción "excepcional" y, por ello, han considerado que se debería ser el último recurso.

Entre otras vías, han propuesto que se consultara antes a expertos penalistas externos, que fueran los propios grupos o diputados afectados los que presentaran dicha querella o bien que, si consideran que existen motivos, se plantee una queja ante el Consejo General del Poder Judicial.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que "lo único que tiene que hacer" el Parlament "y lleva incumpliendo" desde las elecciones del 21 de diciembre es elegir a un presidente de la Generalitat que cumpla la ley.

El jefe del Ejecutivo ha recalcado que los propios letrados del Parlament han expresado sus reticencias sobre la querella, y ha advertido de que, "si la paga", el Parlament podría estar incurriendo en un delito de malversación de fondos públicos.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho, tras el Consejo de Ministros, que "estaría bien" que el Parlament se ajustase a lo que dicen los letrados.

Desde la oposición catalana, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha anunciado que pedirán a la Mesa que reconsidere su decisión, pero también requerirán la documentación sobre la querella para comprobar si se destinan recursos públicos a tal fin.

En cambio, la diputada de PSC-Units Eva Granados ha descartado que pueda haber ese delito porque la Mesa ha acordado que la querella se elabore solo con recursos propios (el servicio jurídico del Parlament), pero sí que ha reprochado a los soberanistas que hagan un "uso partidista" de la Cámara como un "arma arrojadiza".

La portavoz de Catalunya En Comú-Podem, Elisenda Alamany, sí ha expresado el apoyo de su formación a la querella como respuesta "a la deriva autoritaria del Estado y sus tribunales".

Tras el fracaso del segundo intento de investir a Sànchez, después de las otras investiduras fallidas de Carles Puigdemont y Sànchez, JxCat debe debatir ahora si propone a otro candidato viable, como desean PDeCAT y ERC, o regresa al plan de investir a distancia a Puigdemont, al que ven reforzado según sectores del independentismo tras su puesta en libertad provisional en Alemania.