El juez del Supremo Pablo Llarena ve en el proceso independentista un "ataque al Estado Constitucional que, con la voluntad de imponer un cambio en la forma de gobierno para Cataluña y del resto del país, integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno".

En el auto de procesamiento de 25 personas, 13 de ellas por rebelión, el magistrado otorga una especial gravedad a lo ocurrido en Cataluña teniendo en cuenta que el Govern de Carles Puigdemont se aprovechó de "las facultades políticas y de gobierno que la propia Constitución otorga precisamente para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos" de esa comunidad.

"Un ataque -sospecha el juez- que puede estar en desarrollo, por más que se encuentre puntualmente larvado y que pueda pretender servirse de un relevo en sus protagonistas".

Y ello porque, según el magistrado, así lo expone que el Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña, que contemplaba que en el caso de que la independencia no fuese consentida por el Estado, "la secesión se alcanzaría reanudando la desobediencia permanente al marco constitucional y legal".