Los servicios jurídicos del Parlament han dejado hoy claro que asesoraron al presidente de la Cámara, Roger Torrent, sobre las acciones penales que se podían interponer contra el Supremo y que aconsejaron que, si había objeto para estas acciones, la vía que procedía era una denuncia y no una querella.

Así lo han asegurado a Efe fuentes de los servicios jurídicos del Parlament, después de la polémica surgida hoy sobre el papel de los letrados en la denuncia presentada por Torrent contra el juez Pablo Llarena y otros tres magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

La denuncia fue archivada por este tribunal al no cumplir el requisito de haber sido formulada mediante querella, como exige la ley.

El alto tribunal ni siquiera se ha planteado estudiar si debía admitir a trámite el requerimiento de Torrent porque, según el artículo 406 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha sido erróneamente planteado.

Una decisión que ha provocado que Ciudadanos y el PSC hayan acusado a Torrent de no haber respetado los acuerdos de la Mesa, según los cuales las acciones legales contra los magistrados del Supremo debían llevarlas a cabo los servicios jurídicos de la Cámara y no Torrent por "cuenta propia".

Además, desde Ciudadanos se ha denunciado que, en la reunión de hoy de la Mesa del Parlament, los letrados han asegurado que no han emitido ningún informe ni asesorado sobre esta denuncia.

Pero, según dichas fuentes consultadas de los servicios jurídicos, los letrados han querido dejado claro que sí han "informado y asesorado" a Torrent sobre las acciones penales que se podían interponer.

Además, los servicios jurídicos han subrayado que entendían "desde un primer momento" que, si había objeto para ello, la acción penal que procedía era la interposición de una denuncia y no una querella.

Y han recordado que el acuerdo de la Mesa del pasado 24 de abril permitía presentar dicha denuncia sin necesidad de un nuevo acuerdo de este órgano parlamentario, a diferencia del criterio que ha sostenido hoy la oposición.

Según el texto del acuerdo de la Mesa del pasado 24 de abril, se acordó que "por parte de los servicios jurídicos del Parlament se estudien y ejerciten las acciones penales adecuadas para que se depuren ante la jurisdicción las responsabilidades en que hayan podido incurrir los magistrados de la Sala Penal del TS".