La Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, ha certificado por escrito al juez de Barcelona que investiga el 1-O que la Generalitat no concedió ninguna subvención a las entidades soberanistas Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana (ANC) durante 2017.

Así se desprende de un escrito, al que ha tenido acceso Efe, que la interventora ha remitido al titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que rastrea los gastos del gobierno catalán vinculados al 1-O en una investigación por un delito de malversación.

El juez pidió a la Interventora de la Generalitat que le detallara las subvenciones otorgadas por el Govern a las dos principales plataformas soberanistas durante el pasado año, en que se celebró el 1-O, y que indicara el dinero destinado al acto final de la campaña del referéndum, que tuvo lugar el 29 de septiembre de 2017 en la avenida María Cristina de Barcelona.

En su respuesta, Vidal ha certificado que, tras consultar los datos de la contabilidad del Govern en el ejercicio del año pasado, no consta que se efectuaran subvenciones ni a ANC ni a Òmnium ni tampoco que se destinara dinero público a financiar el acto de clausura de la campaña por el "sí" a la independencia.

En varios informes, la Guardia Civil ha advertido al juez sobre el papel de la interventora en la organización del referéndum y sobre los gastos vinculados, ante las sospechas de que pudo ocultar partidas para el 1-O.

Precisamente, en un auto del pasado 18 de junio, el juez advierte de que supone un "atentado contra las más elementales reglas de la lógica" que la propia Interventora le haya respondido hasta ahora a sus requerimientos afirmando que no constaba en ningún departamento de la Generalitat ningún gasto de preparación o ejecución en relación al 1-O.

El juez lamenta que la interventora no haya "facilitado ninguna información justificativa de los gastos generados por la consulta, antes al contrario, tratando de impedir el conocimiento de la misma" y que se haya limitado a alegar que 1-O se pagó a través de donativos.

Por este motivo, ante la "existencia de evidencias sobre el gasto y la utilización de fondos públicos", desestima el recurso presentado por las defensas contra su decisión de febrero pasado de permitir a la Guardia Civil que acceda al fichero de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) con el fin de rastrear las cuentas y productos de la veintena de imputados en la causa.

Según el juez, de haberse financiado el 1-O mediante contribuciones de particulares o empresas, la interventora "debería de haber facilitado un listado comprensivo de los donantes y contribuyentes con sus respectivas cuantías".

El juez ha desestimado el recurso de las defensas en contra de que la Guardia Civil pueda recurrir al servicio de blanqueo tras recibir un informe del fiscal que avala esta decisión para aclarar si se han empleado fondos públicos para el 1-O.