El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado hoy que planteará la reforma de la ley electoral en relación al voto rogado para "intentar mejorar los derechos electorales" de los emigrantes españoles.

Lo ha anunciado Sánchez en su primera comparecencia como jefe del Ejecutivo en la sesión de control en el Senado, en la que con motivo de una pregunta del senador del PNV Jokin Bildarratz sobre la política migratoria de la UE, ha avanzado que su Gobierno modificará la reforma electoral de 2011 que estableció el voto rogado para los emigrantes.

La figura del voto rogado exige a los españoles que viven en el extranjero formalizar una serie de trámites para poder participar en las elecciones.

En su intervención, Sánchez se ha remitido a la historia reciente de España para recordar a los miles de emigrantes que dejaron el país a causa de la Guerra Civil y la dictadura franquista y que muchos de ellos fueron acogidos en países latinoamericanos, especialmente en México.

Ha señalado que el Gobierno quiere que los jóvenes que dejaron el país a causa de la crisis económica vuelvan para construir sus vidas y, mientras tanto, ha deseado que reciban la misma solidaridad en esas sociedades que la que expresa España con los inmigrantes.

Por su parte, el senador vasco le ha dado la enhorabuena "por el gesto del Aquarius", y le ha pedido que lidere una política migratoria común en la UE para evitar los "dramas humanos" que ocurren en el Mediterráneo.

El presidente del Gobierno ha destacado que el PIB de España, con 47 millones de personas, es el sumatorio del de 32 países africanos que engloban a 1.200 millones de seres humanos, por lo que "no es una cuestión de efecto llamada, sino de efecto huida de la desigualdad, la falta de oportunidades y la pobreza".

Sánchez ha recordado que entre 2004 y 2005, en plena "crisis de los cayucos", llegaron a España más de 30.000 personas.

Entonces, el Gobierno del PSOE planteó una serie de políticas a nivel europeo, como un refuerzo del Fróntex, políticas de integración y de cooperación con África, lucha contra las mafias que trafican con seres humanos o un refuerzo el sistema europeo de asilo al considerar que el desafío de las migraciones "no tiene que ver con un país, sino con la UE".

Para implantar estas medidas, el Gobierno -ha subrayado- destinó 3.500 millones de euros a políticas de inmigración que, en la actualidad, "prácticamente han sido recortadas a la nada" por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Esas propuestas son las que trasladará el Gobierno español en el Consejo europeo de finales de junio.

"Hay países del este que no están a favor de trabajar por una política migratoria común, pero desde el Gobierno de España vamos a trabajar por una política común", ha asegurado.

El senador del PNV le ha recordado que la semana que viene, en el Consejo Europeo, tiene la oportunidad de liderar un proceso "complicado", pero que "exige de la responsabilidad de todos" y de una política migratoria y de asilo común.

También le ha reclamado un pacto de Estado, consensuado con la oposición, y que perdure en el tiempo.