El Gobierno central está analizando el contenido del decreto que regula el conocimiento del catalán para trabajar en la sanidad de Baleares, aprobado hoy por el Govern, y avanza que si está en los mismos términos anunciados inicialmente lo recurrirá, han informado a Efe fuentes del Ejecutivo.

El Consell de Govern ha aprobado hoy este decreto que no impide obtener una plaza en oposiciones sin saber la lengua cooficial, pero sí es obligatorio para optar a traslados y cobrar los pluses de carrera profesional.

En estos casos, los médicos y enfermeros tendrán que tener la titulación de catalán B1 (elemental) y los auxiliares de enfermería y celadores el nivel A2 (básico). Si no la tienen de inicio se les da un plazo de dos años para obtenerlo una vez aprueben las oposiciones.

Los trabajadores de la sanidad pública no podrán promocionarse profesionalmente si no se acredita el nivel de catalán de la plaza deseada.

La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha señalado, sobre los posibles recursos judiciales contra este decreto, que el texto ha sido aprobado con "todas las garantías" jurídicas para "desarrollar" la Ley de Función Pública y, además, ha recogido las observaciones "técnicas" del Consell Consultiu.

Además, ha subrayado que no cabe la presentación de un recurso de inconstitucionalidad porque no es una ley, sino un decreto con fuerza reglamentaria.

La norma ha generado la oposición de parte del sector sanitario, del PP y Ciudadanos (Cs) y de entidades como "Mos Movem, En Marcha, Let's go", que hace unas semanas protagonizó en Palma una manifestación a la que asistieron unas 2.500 personas y que tenía como lema "Los idiomas no salvan vidas. Por una sanidad sin fronteras lingüísticas".