La nueva ley sobre violencias sexistas y sexuales que ha sido aprobada en primera lectura en la Asamblea Nacional francesa es muy esperada, sobre todo después del affaire Weinstein y el movimiento #Metoo.

La secretaria de Estado de Igualdad, Marlène Schiappa anunció que la edad de consentimiento sexual sería 15 años, y que por debajo, nunca podría decirse que el menor es consintiente. Pero el Consejo de Estado les ha obligado a retocar el texto que diferencia ahora entre si se ha podido probar que ha habido violencia, acoso moral o físico, amenaza o sorpresa, en cuyo caso es una violación, o si no se puede probar, y entonces se trata de un delito de agresión sexual con circunstancia agravante. La ley prevé también que el delito de prescripción de crímenes sexuales cometidos sobre menores pase de 20 a 30 años.

Pero éste no es el único artículo polémico. Si la ley es aprobada definitivamente tal y como está, en unos meses los policías podrán perseguir por la calle las ofensas sexistas. 

No se trata de un nuevo delito, pero sí de una infracción. De modo que si el agente observa una palabra o gesto que suponga  "un comportamiento o presión de carácter sexista o sexual que ataque la dignidad por su carácter degradante o humillante", entonces podrá poner una multa que va de 90 a 750 euros, y que podrían ascender a los 3.000 en caso de reincidencia.

Es decir, aquél que realice gestos desplazados, comentarios sobre el físico, miradas insistentes o silbidos realizados ante un agente corre el riesgo de ser sancionado.

El ministro del Interior ha dicho que van a reclutar diez mil policías de "la seguridad de lo cotidiano" para hacer frente a estas nuevas funciones. Schiappa asegura que el objetivo del gobierno "no es poner el mayor número posible de multas" pero si el "miedo al gendarme" puede impedir que la gente ofenda o acose a los mujeres en los espacios públicos, "tanto mejor".