La aplicación del 155 en Cataluña ha sido "menos dramática" de lo esperado y no ha precisado de "coerción o coacción estatal", según un informe, dirigido por el catedrático Eliseo Aja y presentado hoy en el VII Foro de las Autonomías, que sitúa esta "experiencia constitucional" como "la noticia del año".

El informe titulado "Valoración general del Estado autonómico en 2017", dirigido por catedráticos de las universidades de Barcelona, Complutense y Granada y que será sometido a debate en el Senado con responsables autonómicos, subraya que el 155 no produjo "una rebelión de los funcionarios autonómicos ni graves algaradas de los ciudadanos en la calle" pero tampoco aportó soluciones ya que "las cosas siguen estando donde estaban".

En definitiva, los catedráticos sostienen que persiste "el 'impasse' entre las posiciones independentistas e inmovilistas" y sostienen que "únicamente la voluntad de diálogo político y de acometer reformas jurídicas (constitucionales y estatutarias) puede arreglar este grave conflicto".

No obstante, los expertos constatan en el informe que la solución a Cataluña "no será sencilla ni rápida".

Los autores del documento también observan que el impacto administrativo de "la intervención estatal" fue "medido y proporcionado", muy diferente, dicen, a las consecuencias económicas del proceso de secesión, con la salida de Cataluña de más de tres millares de empresas.

La "Valoración general del Estado autonómico en 2017" también destaca la "parálisis legislativa" consecuencia de la precaria mayoría parlamentaria y la fragmentación de las fuerzas políticas, que ha tenido su correlato en el Estado de las autonomías.

Los expertos estiman que salvo la aplicación del control extraordinario en Cataluña con el 155 y la aprobación de modificaciones en el concierto económico vasco para este quinquenio, no ha habido grandes actuaciones legislativas y la reforma de la financiación vuelve a estar "paralizada y los compromisos lejanos".

Sin embargo, los expertos aprecian que al contrario que el sistema de gobierno estatal, la mayor parte de las autonomías se ha adaptado mejor a la nueva cultura política de pactos y gobiernos de coalición, con presupuestos aprobados en muchos casos.

De hecho, los catedráticos admiten que en las autonomías "no ha habido una grave inestabilidad" ya que los gobiernos regionales están acomodándose mejor que el central a la nueva cultura política.

También los expertos reservan su crítica al Tribunal Constitucional que "sigue dificultando que las comunidades hagan muchas de sus políticas sociales", alejándolas del ejercicio de sus competencias sobre servicios públicos esenciales.