El economista Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), apuesta por mantener la regla de gasto como núcleo esencial del mecanismo de disciplina fiscal, reforzándola con un freno de deuda autonómica que ayude a moderar el endeudamiento.

Esa es una de las principales conclusiones que De la Fuente recoge en su informe "Las finanzas autonómicas en 2017 y entre 2003 y 2017", de la colección Estudios sobre la Economía Española que publican Fedea y el Instituto de Análisis Económico.

Según su criterio, pese a la recuperación económica sería muy "arriesgado" relajar ahora la vigilancia sobre las cuentas de las comunidades y, en particular, sobre el cumplimiento de la regla de gasto.

Más aún, considera que, pensando en el futuro y en la experiencia del complicado ciclo económico y fiscal que se está cerrando, no sólo es conveniente mantener la regla de gasto, sino que también habría que reforzarla con un freno de deuda que ayude a moderar el endeudamiento y complementarla con la introducción de un fondo de reserva.

La misión de este fondo sería facilitar el "alisado" del gasto a lo largo del ciclo y no sólo intentar blindar una senda de necesidades de gasto calculada sin referencia alguna a la evolución de la renta nacional.

El informe repasa además la evolución de las finanzas autonómicas desde 2003 y señala que los ingresos y gastos autonómicos han seguido un patrón "extremadamente procíclico", con fuertes crecimientos durante el periodo de expansión económica, seguidos de profundos recortes durante la crisis y de una paulatina y desigual recuperación.

La situación actual es similar a la del 2003, pero con una mayor deuda acumulada, a lo que hay que añadir que la mejora del saldo presupuestario autonómico registrada en los últimos ejercicios se apoya en parte en factores atípicos, incluyendo fuertes subvenciones a los intereses a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y otros mecanismos estatales.

Ante ese panorama, De la Fuente ve que no sería adecuado relajar la vigilancia de los objetivos de estabilidad presupuestaria.