El abogado defensor del ex secretario general de Interior catalán César Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, ha tildado de "disparate jurídico" que la Audiencia Nacional impute a la cúpula de los Mossos d'Esquadra un delito de organización criminal, ya que supone tratarles como a una "organización mafiosa".

Lo ha dicho la salida de la vista de apelación celebrada en la Audiencia Nacional contra el procesamiento de Puig, el mayor Josep Lluís Trapero, el exdirector del cuerpo Pere Soler y la intendente Teresa Laplana, en la que la Fiscalía ha mantenido que hay suficientes indicios para procesarles por su actuación durante por el 1-O.

Cuevillas ha explicado a los periodistas que le parece "un disparate jurídico" que se impute a todos (menos a Laplana) el delito de pertenencia a organización criminal "porque es un delito previsto para organizaciones mafiosas, de blanqueo de capitales, de una cosa que no tiene nada que ver".

También ha hablado de la "famosa" agenda Moleskine en la que el imputado por el Supremo Josep Maria Jové, exnúmero dos de Oriol Junqueras, anotó las reuniones claves del núcleo duro de la hoja de ruta soberanista.

Para defender la inocencia de su defendido y los demás mossos, ha explicado que en esa agenda "constan expresamente palabras" del expresidente catalán Carles Puigdemont en una reunión "diciendo que los Mossos obedecerían siempre a la autoridad judicial".

"Eso consta sobradamente en todas las actuaciones, en las reuniones previas que hubo, y por tanto imputar cualquier tipo de connivencia de los Mossos está absolutamente fuera de lugar", ha opinado el abogado.

También ha hablado la abogada de Trapero, Olga Tubau, quien ha explicado que ha defendido ante la sala la absolución del antiguo jefe de los Mossos porque considera que en el auto de procesamiento de la juez hay "muchísimos contraindicios y elementos exculpatorios que neutralizan los indicios".

La vista contra el procesamiento dictado por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela se ha celebrado ante la sección segunda de la Sala de lo Penal y, aunque no era necesario que acudieran los procesados en persona, sí ha asistido Pere Soler acompañado de su abogada.

Una vez que la sección segunda resuelva sobre los recursos, la sección primera de lo Penal, encargada de juzgar los hechos, podría dar ya entonces el siguiente paso y dictar el auto de apertura de juicio oral que daría lugar al enjuiciamiento de los encausados.

En el auto de procesamiento, dictado el 4 de abril, la juez Lamela imputa a Trapero, Puig y Soler un delito de organización criminal y otro de sedición por la "total inactividad" de los Mossos el 1-O, que en el caso de Trapero se amplía a dos delitos de sedición, por atribuirle también la responsabilidad en el asedio a la Conselleria de Economía el pasado 20 de septiembre.

Por su parte, la intendente Laplana está procesada por un único delito de sedición por su responsabilidad en el citado asedio.

La juez Lamela, instructora del caso, ya desestimó el pasado 23 de abril los recursos de reforma que los cuatro presentaron ante su juzgado al sostener que hay "indicios racionales de criminalidad" basados en "hechos objetivos" y no en "meras conjeturas o pareceres de los investigadores". Ahora la Audiencia Nacional deberá resolver los recursos de apelación que presentaron en segunda instancia.

Lamela considera que Trapero, Soler y Puig integraban una organización jerarquizada "bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el president de la Generalitat de Cataluña" Carles Puigdemont, que tenía como objetivo la celebración del 1-O y la declaración de independencia del 27 de octubre.

Según su tesis, los Mossos se mantuvieron al margen de las actuaciones policiales que pretendían impedir "el plan estratégico hacia la independencia" y siguieron de este modo una pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos, el exconseller de Interior Joaquim Forn (en prisión preventiva), Soler y Puig.