La industria alemana del automóvil se hunde más y más en el lodo del fraude de los motores diésel. El Ministerio de Transporte ha descubierto nuevos motores trucados en vehículos de Mercedes-Benz y ha obligado a Damiler, la casa matriz, a ordenar la llamada a talleres a 774.000 coches en toda Europa. “Se emitirá una llamada a talleres de forma inmediata", ha anunciado el ministro Andreas Scheuer, después de mantener una reunión en Berlín con el presidente de la fabricante alemana, Dieter Zetsche.

Las irregularidades fueron detectadas tanto en las furgonetas Vito, sobre las que ya existían sospechas
hace tiempo, como en el modelo Clase C y el Mercedes deportivo GLC, dos de los vehículos más vendidos por la automotriz. La Oficina Federal de Vehículos Motorizados de Alemania (KBA), organismo dependiente del Ministerio de Transporte, acusó a finales de mayo a Daimler de usar el mecanismo ilegal incorporado en los motores diésel de su modelo Vito para falsear las emisiones y reclamó en ese momento que llamase a talleres casi 6.300 de estas furgonetas con motores Euro 6 de 1,6 litros. Realizada la investigación sobre estos vehículos y de acuerdo con el organismo, existe en todos ellos una programación específica de dos funciones en el control del motor del vehículo que no cumple con el reglamento. Estas funciones son parte de un complejo sistema de filtro de las emisiones de los tubos de escape que debe garantizar una firme depuración de los gases de emisión en diversas condiciones de conducción y tiempo de conducción de un vehículo y el examen de los vehículos revisados lleva a la conclusión de que el mecanismo ilegal es de uso generalizado en estos modelos.

En Alemania, los coches afectados ascienden a unos 238.000 y según Scheuer los mecanismos ilegales incorporados a los motores de sus automóviles para manipular las emisiones serán eliminados de inmediato. “Nos vamos a encargar de manera inmediata de los motores de estos vehículos”, ha garantizado. Pero no bastará con eso. Daimler está siendo investigada por la Fiscalía de Stuttgart y también en Estados Unidos y se prevén multas y costes que se suman a las negras perspectivas que se ciernen sobre el sector alemán debido a la política arancelaria del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Y Daimler no es la única empresa que sigue afectada por el escándalo. Si en un principio fue Volkswagen la que quedó en evidencia ante inversores y consumidores, ayer fue también acusado formalmente por la Fiscalía de Múnich el presidente de Audi, Rupert Stadler, junto a otro miembro de la junta directiva de la filial de Volkswagen. En el marco de recopilación de pruebas, fueron registradas las viviendas privadas de los dos acusados. Ambos directivos están acusados tanto de “fraude” como de “falsedad documental”. Con estas acusaciones sube hasta 20 el número de inculpados por la Fiscalía, que denuncia que desde 2009 Audi vendió en Estados Unidos y en Europa al menos 210.000 vehículos diésel con un software fraudulento y se sirvió de “publicidad penable”.

El presidente de la Asociación de la Industria Alemana (BDI), Dieter Kempf, consciente del irreversible daño acusado al sector y al “made inGermany” en general, criticó ayer con inusitada dureza la gestión que los directivos de las automotrices hicieron del escándalo de manipulación de motores diésel. “Quien ha cometido errores debe asumirlos, disculparse y parar, es decir, asumir responsabilidad para poder recuperar la confianza de nuevo”, dijo en una entrevista, “no le quiero ocultar que yo, después de que saltara a la luz que las empresas alemanas habían violado la ley, más de una vez deseé que el comportamiento hubiese sido otro, pero jamás pensé que mantuvieran en el mercado automóviles trucados en los años sucesivos”. Kempf destacaba el “enorme” perjuicio que estas empresas han causado a la imagen y a la confianza de la economía alemana. “Ahora deben hacer todo lo posible para recuperar esa confianza”, insistía, anunciando una reunión con el ministro de Transporte. ALa forma en la que se hizo frente a los errores, también de una manera un tanto fraudulenta, indignó y con razón a muchos políticos y a muchos consumidores y, dicho sea de paso, también a mucha gente de las propias empresas”, admite Kempf, quien se muestra partidario de que las fabricantes de automóviles ofrezcan "cuanto antes" una actualización de software a los propietarios de los vehículos afectados y sugiere que han de dirimirse las responsabilidades personales.

Casi tres años después de que saltara a la luz el escándalo de manipulación de Volkswagen, que afectó a unos once millones de coches en todo el mundo, la industria automotriz alemana continúa acaparando
titulares en la prensa por sus presuntas irregularidades y se ha convertido en una piedra en el zapato del gobierno de Berlín, que ha de defender los intereses de esta industria ante administraciones hostiles como la de EE.UU. en este contexto de descrédito generalizado sobre sus productos.