El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha advertido hoy de que los máximos responsables de algunos departamentos de la Generalitat se "escudan" en la aplicación del artículo 155 para crear una "atmósfera de parálisis e inacción".

Durante su comparecencia ante la Comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico, Borra ha asegurado que estos altos cargos "hacen dejación de sus responsabilidades y no asumen las decisiones que les corresponderían invocando las dificultades que genera la aplicación del 155".

Por eso, ha manifestado que, si la situación de parálisis política no se soluciona, habrá una serie de problemas "graves", porque se está produciendo un freno a las inversiones o retrasos en aplicación de las partidas económicas para las prestación de servicios.

En este sentido, ha concluido que no parece que los máximos responsables de la Administración catalana acepten "de buen grado" los responsables establecidos por el Gobierno central y que el sindicato de empleados públicos está "preocupado" por esta situación porque el tiempo que se está perdiendo ahora "acabará pagando factura".

Más allá del ámbito catalán, Borra ha dicho que otro de los "grandes problemas" que existe es con las distintas lenguas del Estado porque, según ha afirmado, se está produciendo "una salida de profesionales del sistema sanitario" por las exigencias en algunas comunidades con idioma propio.

Ha indicado que esta situación se está produciendo en el ámbito de la sanidad, pero que ya en el sistema educativo el conocimiento de la lengua de cada territorio es un requisito para el acceso y no entiende "por qué para dar matemáticas en Galicia o el País Vasco es necesario conocer su lengua".

Para Borra esto supone establecer "una exclusión del sistema del resto del Estado", algo que genera "desazón" entre los empleados públicos.

También ha solicitado una reforma legal para que se permita la entrada de nuevas organizaciones en el diálogo social y rompa el "bipartidismo sindical" de CC.OO. y UGT, y ha argumentado que existen más 80.000 delegados de empresas que siguen registrados por los que algunos sindicatos reciben subvenciones.

Otros problemas a los que se ha referido son la politización de las administraciones, la falta de transparencia y mecanismos de control y la falta de coordinación y proliferación de programas informativas incompatibles entre sí.

Entre sus propuestas, ha planteado establecer mecanismos de coordinación eficaces a través de la Conferencia de Presidentes, que tengan "carácter vinculante y ejecutivo", o garantizar la equiparación salarial en el conjunto de las Administraciones, en línea con el acuerdo alcanzado con Policía y Guardia Civil.