Pasaron más de dos años desde que Cristina Elisabet Fernández de Kirchner (CFK) dejara la presidencia de Argentina, luego de haber sufrido una histórica derrota en las Generales de octubre de 2015. El peronismo perdió, también y por primera vez, su histórico bastión: la poderosa provincia de Buenos Aires. Lejos, muy lejos quedaba aquel 54% de los votos que había conseguido en 2011 tras la muerte de su marido, el también ex presidente Néstor Kirchner, su antecesor.

Un par de meses más tarde y como lo manda la tradición, Cristina debía hacer el traspaso del gobierno a su sucesor  en una ceremonia solemne en la Casa Rosada donde, además, era menester entregarle a Mauricio Macri el Bastón de Mando y colocarle la Banda Presidencial. Pero eso nunca sucedió. Tampoco fue al Congreso Nacional a presenciar el juramento de del nuevo Presidente, como también lo marca la historia.

Muy temprano por la mañana de aquel 10 de diciembre,  la ya ex Presidenta, cogía un vuelo hacia la patagónica provincia de Santa Cruz, germen del kirchnerismo y su “lugar en el mundo”,  para asistir a la toma de posesión de la nueva Gobernadora provincial: Su cuñada Alicia Kirchner.  Al mismo tiempo que el avión despegaba desde Buenos Aires, en la otra punta de la ciudad ya estaban carreteando las cientos de denuncias de todo tipo que se le habían ido amontonado durante más de 12 años. Tenía por delante  un complejo frente de tormenta judicial y ella lo sabía.

 La Base de datos de los Tribunales de Justicia acumulaba 745 denuncias contra los ministros y funcionarios más importantes de su gabinete por causas de corrupción, incluyendo a la propia CFK que en su último año de gestión encabezaba la tabla de posiciones con la friolera de 298 acusaciones. La decadencia del kirchnerismo en general y de Cristina Fernández en  particular comenzaba a escribirse en la Justicia, que poco a poco se despertaba de una larga siesta y muchos jueces  se liberaban de las fuertes ataduras a las que fueron sometidos por más de una década. Incluso los cooptados decidieron hacer un giro de pulcritud de 180 grados.  

El cartero llamó mas de dos veces

Como un goteo constante a la viuda de Kirchner comenzaron a llegarle citaciones, medidas cautelares, embargos  millonarios sobre su patrimonio, procesamientos o llamadas a indagatoria.

El 23 de marzo de 2017, el Juez Federal Claudio Bonadío, elevó a Juicio Oral a la ex Presidenta por la llamada “Causa Dólar Futuro”,  por la que ya había sido procesada por defraudación a la Administración Pública. La maniobra consistía en vender dólares a largo plazo a un precio inferior que el mercado, lo que provocó un perjuicio económico para el Estado Argentino de 55.000 millones de pesos (unos 3.600 millones de dólares). En la misma causa hay otros 14 procesados, entre ellos el ex ministro de economía Axel  Kicillof, directivos del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores.

En la “Causa Obra Pública”, la ex presidenta, junto a Lázaro Báez,  presunto testaferro de los Kirchner desde 2004,  fue procesada por asociación ilícita y embargada por 10.000 millones de pesos (600 millones de dólares).  La querella se inició en 2008, donde se demostró que Báez era favorecido sistemáticamente por el Gobierno con la adjudicación de contratos viales. Fueron  52 “licitaciones” otorgadas que representaron un desfalco al el Estado Nacional por valor de 52.ooo millones de pesos  (3.500 millones de dólares), con sobre precios del 65%, anticipos de contratos del 30%, falta de control y certificados de obra que jamás se realizaron.

En el tercero de los procesos puede leerse en la carátula “Causa Los Sauces S.A”. Esta es la firma de la inmobiliaria familiar donde la justicia llegó al hueso y aparecieron procesados por primera vez Máximo y Florencia, los hijos del matrimonio presidencial. El trío familiar fue imputado por asociación ilícita y señalado como los jefes de una banda organizada que lavaba el dinero de la corrupción a través de contratos de alquiler de propiedades a nombre de esa empresa. Por estos delitos el embargo fue de 130 millones de pesos (8.600.000 dólares).

Los hoteles fueron otra de las fuentes blanqueadoras de dinero para los Kirchner. En el proceso de la “Causa Hotesur” Cristina está imputada y con pedido de indagatoria. La firma dueña del Hotel Ato Calafate (Los Kirchner) está sospechada de haber sido utilizada para el lavado de activos y apilar cantidades industriales de irregularidades contables que llevaban  la firma de la madre y el hijo. En el hotel, por el que se recibían millones de pesos mensuales por el alquiler, prácticamente no se han conocido huéspedes registrados.

Durante los años de kirchnerismo al incalculable dinero de la corrupción, que recibían de todas las formas y maneras, lo vistieron de gala.

El camino que iniciaba ese dinero sucio para convertirlo en limpio y llevarlo al circuito financiero tanto dentro como fuera del país ha sido el inicio de otra de las causas conocidas como la “Ruta del Dinero K”. Por esta instancia CFK tiene un pedido de indagatoria por ser co-autora de lavado de dinero y por tener responsabilidad decisiva en los actos de Gobierno para favorecer, entre otros, los millonarios contratos viales.

Durante el último tram0 de su gestión CFK da la orden de firmar un Memorándum con Irán, donde uno de los puntos mas oscuros del documento era el de dar impunidad a los autores iraníes del mayor atentado terrorista ocurrido en el país a cambio de beneficios económicos que habían acordado la propia Cristina Fernández y Mahmud Ahmadineyad. Aquella bomba contra la Sede de la Amia en 1994 dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos.

El acuerdo firmado en secreto en 2013 en Etiopía por los cancilleres de Irán y Argentina, Ali Akbar Salehi y Héctor Timerman  respectivamente, fue denunciado ante la Justicia por el ex Fiscal Alberto Nisman y que  dos días antes de presentar los detalles pormenorizados del pacto secreto ante el Congreso Nacional, apareció muerto con un disparo en la cabeza en el cuarto de baño de su apartamento.

En este expediente la ex Presidenta está procesada con prisión preventiva, sujeta al desafuero del Congreso (desde diciembre de 2017 es Senadora por la provincia de Buenos Aires) por lo que podría ser elevada a juicio oral y público en los próximos meses en la causa que inició el fiscal asesinado.

Paréntesis: La Cámara de Casación estableció que cualquier delito ligado a la investigación del atentado contra la AMIA es crimen de lesa humanidad

Es la principal acusación que cae sobre CFK que, según el Juez Claudio Bonadío, está agravada por el delito de Traición a la Patria que de prosperar esta acusación el Código Penal fija penas hasta de “reclusión e inhabilitación perpetua a los que colaboren con los enemigos de la Argentina”

El bloque de Senadores en  Argentina, con mayoría peronista, es un cuerpo corporativo.  Aseguran que no votarán el pedido judicial de desafuero de CFK hasta que no haya una sentencia firme. Poco creíble. Aún protegen en la misma Cámara al ex presidente y actual senador Carlos Menem, de 87 años, condenado a 11 años de prisión por tráfico de armas y otros delitos de corrupción.

Las cartas están echadas. Testaferros, funcionarios, gremialistas y operadores varios del círculo íntimo del gobierno K ya están en la cárcel.

Cristina Elisabet Fernández viuda de Kirchner se victimiza. Como siempre. Apunta con su dedo acusador quien sabe a quién y grita a los cuatro vientos que es una perseguida política… Aunque en rigor de verdad quien la persigue no es política, sino el Código Penal.