El informe asegura que esa participación es una "práctica muy prometedora" que ya se lleva acabo en algunos países, a través de consejos de menores (Austria, Bélgica y Holanda), comité de derechos de los niños (Turquía) o parlamentos de menores (Portugal).

Las administraciones, parlamentos y ONG's consultan a esos órganos de menores en el marco de las políticas que les vayan a afectar. Un ejemplo es la opinión que ofreció el Consejo Nacional de Juventud austríaco sobre las necesidades de los menores tras sufrir abusos.

El texto analiza la estrategia de los Estados parte, entre los que se encuentra España, para proteger a los menores de los abusos sexuales cometidos en su círculo de confianza, es decir, la familia y las personas que ejercen una influencia sobre ellos.

El informe considera que la denuncia ante cualquier sospecha de abuso sexual contra un menor "es un elemento esencial para prevenir y luchar contra este azote". La omisión de notificar un caso así supone un enjuiciamiento en Italia, Islandia o Luxemburgo.

La mayoría de los países colaboran con las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado en "la sensibilización, educación y formación" de las personas que trabajan con menores para prevenir los mencionados abusos. Considera fundamental que los autores de los abusos "tengan prohibido el ejercicio de actividades profesionales o voluntarias en las que se haya cometido el delito".

El Comité se muestra "alarmado" ante la ausencia de programas de ayuda a "las personas que temen cometer abusos sexuales contra menores".

Añade que solo España, Bélgica y Lituania cuentan con programas alternativos a la prisión para los delincuentes sexuales, que incluyen tratamientos terapéuticos o psicológicos, y pide a los Estados a aplicar esos modelos y tratamientos.

Insta a poner en marcha medidas especiales tras la puesta en libertad del condenado por abusos sexuales a menores "para su reinserción en la sociedad y evitar nuevas víctimas".

El informe destaca "el papel esencial" de los medios de comunicación a la hora de informar sobre abusos sexuales a menores, "garantizando el respeto pleno del derecho a la vida privada y los derechos de los menores".

Pone como ejemplo la prohibición en Croacia y Rumanía de revelar la identidad del menor o cualquier otra información sobre su vida privada.

El Comité recomienda informar a los menores en la escuela primaria y secundaria sobre los abusos sexuales cometidos por alguien de confianza. En algunos países, como Portugal y Malta, se abordan ya en el curso de educación sexual.

El Convenio que se abrió a firma en Lanzarote y que entró en vigor en 2010 aún no ha sido ratificado por Reino Unido, Irlanda, Noruega, Armenia y Azerbaiyán.