Además de perpetuar en el poder al presidente Xi Jinping y colocar a sus aliados en la cúpula del régimen, la recién concluida Asamblea Nacional de China ha aprobado la mayor reestructuración del Gobierno para centralizar la Administración. Entre los nuevos organismos destaca la Comisión Nacional de Supervisión, un “superministerio” que nace con la misión de luchar contra la corrupción y vigilará no solo a los miembros del Partido Comunista, sino a todos los funcionarios públicos.

Desde profesores, médicos, científicos y directores de compañías nacionales hasta músicos, bibliotecarios, barrenderos y periodistas de medios estatales, todo aquel que perciba un sueldo público estará bajo la lupa de esta nueva Comisión, que actuará al margen de la ley. Sin necesidad de notificárselo a un juez, sus inspectores podrán detener durante seis meses a un funcionario sospechoso de corrupción para interrogarlo. En teoría, la Comisión debe avisar a la familia del detenido en un plazo de 24 horas, pero puede saltarse esta premisa alegando problemas para la investigación o que existe riesgo de destrucción de pruebas. En un programa piloto llevado a cabo el año pasado en Pekín, el número de funcionarios bajo escrutinio se cuadruplicó hasta un millón, según informa la Prensa oficial.

De esta manera, el nuevo “superministerio” amplía los poderes y el rango de actuación de la Comisión Central para la Inspección de la Disciplina, que hasta ahora velaba por la rectitud de los 90 millones de cuadros del Partido Comunista. En la campaña contra la corrupción lanzada por el presidente Xi Jinping durante los últimos cinco años, dicha Comisión ha purgado a un millón y medio de personas. Entre ellas había numerosos altos cargos que amenazaban su poder, como el anterior responsable de la Seguridad del Estado, Zhou Yongkang; el carismático político Bo Xilai, cuya esposa fue condenada por envenenar al socio británico que les ayudaba a evadir su “dinero negro”; los principales generales del Ejército y la mano derecha del expresidente Hu Jintao, Jing Lihua.

Como premio por haber eliminado a los adversarios de Xi Jinping, el responsable de la Comisión, su aliado Wang Qishan, ha sido nombrado vicepresidente de China por la Asamblea Nacional Popular, el Parlamento “de pega” del régimen donde casi todos los diputados pertenecen al Partido Comunista y votan lo que se les ordena. Aunque Wang Qishan cumplirá en julio 70 años, la edad de jubilación de los dirigentes chinos, podrá seguir en el cargo todo el tiempo que él y Xi Jinping quieran gracias a la reforma constitucional para derogar el límite de dos mandatos presidenciales y vicepresidenciales de cinco años.

Debido a los abusos cometidos durante la campaña anticorrupción, los grupos defensores de los Derechos Humanos temen que esta nueva Comisión no hará más que endurecer la represión sembrando el miedo entre los funcionarios públicos. “Con un control casi completo sobre el inicio y supervisión de la investigación y potestad para llevar a cabo las pesquisas, detener a los funcionarios públicos y recabar pruebas para potenciales acusaciones criminales, el nuevo sistema de supervisión crea un órgano extrajudicial con extensos poderes que tiene un enorme potencial para infringir los derechos humanos”, alerta en un comunicado Amnistía Internacional.

Para ello, se basa en las retenciones arbitrarias practicadas por el “shuanggui”, el sistema informal de custodia e interrogatorios aplicado hasta ahora a los cuadros del Partido bajo sospecha. Extendiendo dicho modelo a todos los funcionarios públicos, la nueva Comisión llevará a cabo tales arrestos e investigaciones bajo su propia red de instalaciones, ya conocida como como “liuzhi”. Dentro de la creciente represión que sufre China, el régimen ya se ha dotado de un nuevo sistema de “cárceles negras” denominado “Vigilancia Residencial en Ubicación Designada” (RSDL, en inglés), que ha hecho desaparecer durante meses a cientos de disidentes y activistas. Como han denunciado muchos de ellos tras su liberación, durante los interrogatorios fueron torturados física y psicológicamente para obligarlos a confesar y denunciar a otras personas.

Uno de ellos fue el sueco Peter Dahlin, quien dirigía en Pekín la ONG China Action para formar abogados y estuvo retenido 23 días en enero de 2016. “Me llevaron a una cárcel secreta, donde estuve vigilado las 24 horas por dos guardias y me sometieron a interrogatorios de hasta diez horas, que empezaban de noche para privarme del sueño y romperme psicológicamente”, explica Dahlin por teléfono desde Tailandia, donde vive. Aunque le presionaron con amenazas a su novia, que es china, para que declarara contra sus colaboradores y abogados, ser extranjero le libró de los malos tratos que sufren otros detenidos. “Una vez escuché cómo le pegaban una paliza a uno de mis ayudantes en otra habitación”, recuerda Dahlin, quien fue forzado a confesar en la televisión estatal CCTV que había “violado la ley, dañado al Gobierno y herido los sentimientos del pueblo chino”.

Gracias a su pasaporte europeo, fue liberado y expulsado del país, pero otros disidentes chinos llevan años desaparecidos. Es el caso del abogado Wang Quanzhang, apresado en la masiva redada de julio de 2015 contra los letrados de derechos humanos. Su caso aparece denunciado en el libro “La República Popular de los Desaparecidos”, donde una decena de activistas cuentan los abusos sufridos durante su arresto. Ahora, lo mismo puede ocurrirle a los funcionarios públicos chinos, que ya saben que el “Gran Hermano” Xi Jinping les vigila.