El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha asegurado hoy que el Gobierno, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, no está en Cataluña como "fiscalizadores ni buscadores de nada" sino para que "los temas funcionen lo mejor posible".

Bermúdez de Castro, que dirige la gestión de la administración catalana desde la aplicación del artículo 155, ha explicado que su objetivo es el correcto funcionamiento de los servicios públicos para que los catalanes no se vieran afectados en su día a día.

"No estamos como fiscalizadores ni buscadores de nada, estamos intentando que los temas funcionen lo mejor posible", ha declarado.

En declaraciones a RNE, Bermúdez de Castro se ha referido a la carta que Hacienda ha enviado a la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, para que informe sobre pagos o ayudas otorgadas desde 2015 a más de sesenta personas, empresas y medios caracterizados por ser afines al "procés" o haber prestado servicios para el 1-O.

El secretario de Estado ha explicado que la petición de Hacienda busca una certificación por parte de la comunidad autónoma porque es la propia interventora, como fedataria pública, quien controla todo el gasto en la comunidad y certifica que "se ha hecho de manera correcta".

Existe, ha continuado, un doble control, porque después la administración general del Estado y la Intervención del Estado verificará que esa información es correcta.

Bermúdez de Castro ha insistido en que no puede dar un dato concreto sobre la investigación que lleva a cabo Hacienda porque podría ser "levantar sospechas donde no las hay", pero ha añadido que no puede "decir al cien por cien que no ha habido una factura falsificada".

Ha declarado que, si se hubiera destinado dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a "otro tema" que no fuera el que recoge la factura en cuestión, sería "un tema doblemente grave" porque además de malversación de dinero público se estaría hablando de falsificación de un documento público.

Preguntado por si le consta que haya sucedido o sólo tiene sospechas, Bermúdez de Castro ha respondido: "Yo no pondría la mano en el fuego, por ninguna. No tengo ningún dato, pero viendo cómo ha funcionado todo este tiempo..."

En ese caso, ha aseverado, el Gobierno está pidiendo los datos "para tener todo bien claro" y, en el caso de que apareciera alguna factura falsificada, "lógicamente, acudiría a los tribunales".