La exdiputada de la CUP Anna Gabriel, actualmente huida a Suiza, ha pedido que se revoque su procesamiento por desobediencia por el proceso independentista, al considerar que el magistrado del Supremo Pablo Llarena le atribuye un "delito político" para "criminalizarla por enemiga".

Así lo sostiene Gabriel en su recurso, al que ha tenido acceso Efe, contra la decisión de Llarena de procesarla en rebeldía por desobediencia, en el que también apela a la separación de poderes para evitar "someter un poder del Estado a otro únicamente por la expresión de los mandatos populares sometidos en las urnas y que han ganado la contienda electoral".

"Incluso aceptando el relato de hechos del auto recurrido a meros efectos dialécticos, podemos concluir que estamos ante un supuesto delito político en el que se incrimina un objetivo político, en el que los procesados -y concretamente Gabriel- actúan exclusivamente por fines políticos y los hechos criminalizados no lesionan más que posiciones políticas concretas mediante la utilización de los mecanismos parlamentarios", remarca el recurso.

En el escrito, el abogado y exdiputado de la CUP Benet Salellas denuncia que procesar a Gabriel "exclusivamente" por su antigua condición de portavoz parlamentaria de la formación anticapitalista supone "criminalizarla por enemiga", aplicando "la doctrina del derecho penal del enemigo".

Gabriel advierte de que las resoluciones judiciales que se dictarán en las próximas semanas "sobre aquellos investigados no comparecidos", en alusión al expresidente Carles Puigdemont -actualmente encarcelado en Alemania- y los exconsellers y líderes del proceso fugados a Escocia, Bélgica y Suiza, resolverán si se trata de una "causa por delito político".

"Esta parte entiende que sí y que ello debe llevar necesariamente al replanteamiento de este proceso judicial y a su archivo inmediato en cuanto al conjunto de los procesados y especialmente a cuanto a Anna Gabriel", sostiene el escrito.

El recurso afirma que "una atenta lectura" del auto Llarena traslada directamente a la jurisprudencia del Supremo sobre el 'caso Guantánamo', que en 2006 estableció que "frente al derecho penal de hecho, propio de la sociedad democrática, el derecho penal del enemigo es un derecho de autor que se centra no en lo que éste haya hecho, sino en lo que pueda hacer en su condición de terrorista".

Gabriel, que permanece en Ginebra desde que plantó a Llarena el pasado 20 de febrero, recuerda en su escrito que la Audiencia Nacional denegó en 2013 la extradición de Hervé Falciani al país helvético al entender que los intereses del Estado suizo mediante el secreto bancario no eran compartidos con el resto de estados, "hecho que comporta la consideración del delito por el que se pretende la extradición como delito político".

El recurso resalta que el auto de procesamiento no concreta qué resoluciones incumplió Gabriel para que se le acuse de un delito de desobediencia y alega que el Tribunal Constitucional (TC) ha mantenido distintas posiciones respecto al derecho de autodeterminación de Cataluña.

Además, apunta que Llarena atribuye a Gabriel a unos hechos "exclusivamente de naturaleza parlamentaria", que son "expresión del poder legislativo y por lo tanto no sujetos (a la actuación penal), en tanto que expresión política imprescindible para la debida formación, sin coacciones, de un poder del Estado como es la cámara legislativa autonómica".