Este lunes ha arrancado en Lesbos el juicio contra los tres bomberos sevillanos acusados de introducir ilegalmente a personas en Grecia cuando intentaban rescatar a inmigrantes que partían de la costa turca en embarcaciones precarias. Un sinsentido por el que se enfrentan a 10 años de prisión, pues lo que pretendían era evitar un final como el de Aylan Kurdi, el niño de 3 años que apareció ahogado en una playa de Turquía. Durante un receso de la vista, Manuel Blanco, uno de los miembros de la asociación Proem-Aid, ha relatado a Cope que pese a la acusación ejercida contra ellos se manifiestan optimistas porque “no se puede perseguir al que ayuda” a los grupos humanos que huyen de las zonas de conflicto, “ni penalizar la solidaridad”.

Su caso no es el único. Como ha señalado en 'Mediodía Cope' Óscar Camps, fundador de la ONG Pro Activa Open Arms, acusada por las autoriadades italianas de colaborar con la inmigración ilegal por negarse a entregar a 218 náufragos a los guardacostas de Libia -un país en el que conviven más de 100 guerrillas-, sigue el proceso contra los bomberos sevillanos con “preocupación” pero “sin alarmismo” porque cree que “la acusación no se sostiene” y que lo que busca es silenciarlos. “Somos testigos incómodos que denunciamos lo que ocurre y por ese motivo cualquier excusa es buena para apartarnos”, ha señalado.

A este respecto, ha dicho que sería un mal precedente para los derechos humanos una condena, si bien “el proceso judicial tiene su recorrido” y aunque la sentencia de entrada “no sea favorable, siempre se puede recurrir”.

Estos, sin embargo, no son los únicos casos en los que las autoridades de diversos países han tratado de impedir las labores de rescate que llevan a cabo las ONG. La defensora de migrantes Helena Maleno también está acusada en Marruecos de asociación de malhechores y de favorecer la inmigración irregular. Según ha relatado la corresponsal de Cope en el país, Beatriz Mesa, Maleno “está esperando si Marruecos cierra el caso o abre un procedimiento judicial”.

Como ha explicado la propia activista, ha de imponerse “el sentido común” porque una cosa es “salvar vidas” y otra “traficar con ellas”.