La reclusión de los inmigrantes en la cárcel de Archidona se produjo pese a que la normativa española —tanto la Ley de Extranjería como el propio reglamento de los CIE— subraya con insistencia que los centros de internamiento utilizados no pueden tener "un carácter penitenciario", denuncia Josep Buades, portavoz del Servicio Jesuita de Emigraciones en 'Mediodía COPE'.

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En esa línea se pronunció el Tribunal Constitucional en 1987, cuando recalcó que esta condición era fundamental porque supone una "garantía adicional que trata de evitar que el extranjero sea sometido al tratamiento propio" de las prisiones. "Además, esa sentencia manifiesta la necesidad de que existan diferencias sustanciales en las condiciones físicas entre un CIE y una cárcel, de forma claramente contraria a lo que ocurre en este caso", denuncian casi una treintena de ONG, que han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo. Entre ellas, SOS Racismo, Andalucía Acoge, la Asociación ProDerechos Humanos de Andalucía (APDHA) y el Servicio Jesuita de Migrantes.

“La alternativa es encontrar un hotel modesto o un gran albergue. Se tiene que resolver el tema de la vigilancia para evitar huidas. Pero no hay que meterlos en un establecimiento penitenciario, que se asocia a una infracción administrativa con la comisión de un delito. Se está estableciendo una comparación con los inmigrantes en situación irregular y un criminal”, defiende Buades.