También en directo
Ahora en vídeo
  • megabanner_1:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El Instituto Aragonés del Agua iniciará el proceso de resolución de los contratos de concesión para construir las depuradoras del Pirineo

"El objetivo es depurar, no hacer depuradoras”. Así lo ha indicado el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, quien, junto a la directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba, ha anunciado el inicio de proceso que llevará a la resolución de los contratos de concesión pública para la construcción de las depuradoras del pirineo.
Estos cuatro contratos de concesión de obra pública para la construcción y explotación durante 20 años de las instalaciones fueron licitados en el año 2008.

Rueda del Olona

Los contratos se corresponden con 4 zonas de actuación: P-1 (Río Aragón), P-2 (Río Gállego), P-3 (Ríos Cinca y Ara) y P-4 (Ríos Ésera y Noguera Ribagorzana). Excepto en la zona P-2, en el resto no se ha llegado a iniciar obra alguna.
La ejecución de los proyectos ha estado dificultada desde el principio por diversas cuestiones, entre las que pueden destacarse:
- Falta de financiación bancaria disponible para las empresas concesionarias, motivada por la crisis económica y por la insuficiente rentabilidad de los contratos.
- Efecto de la crisis inmobiliaria al frustrarse expectativas de crecimiento urbanístico y resultar innecesarias o sobredimensionadas determinadas instalaciones.
- Desacuerdos y demandas de los municipios afectados con respecto a cambios de tecnología, de ubicación, de conexión de determinadas poblaciones y otros
- En algunos casos, imposibilidad de ejecución de colectores para reunir vertidos de varios núcleos.
El consejero ha recordado que desde el principio se comprometió a que “no se harían depuradoras que no se necesitase” ni depuradoras sobredimensionadas”
De ahí que, con el fin de solucionar el problema, el Instituto Aragonés del Agua autorizara, mediante resoluciones de su presidente, la redacción de modificaciones de los contratos, con el objeto principal de redimensionar las actuaciones previstas, suprimiendo depuradoras que habrían dado servicio a poblaciones cuyos vertidos no suponen impacto apreciable y rebajando la capacidad prevista de otras depuradoras. Al mismo tiempo, se trataba de atender algunas de las demandas municipales y se modificaban las soluciones de unificación de vertidos no realizables.
Las modificaciones contemplaban también las medidas de reequilibrio económico (cambios de plazos o de tarifas de remuneración) necesarias para que estas resultaran económicamente neutras para las concesionarias, manteniendo los parámetros de rentabilidad resultantes de los contratos iniciales.
Finalmente, estos expedientes de modificación, elaborados y tramitados con diferentes grados de avance, han tenido que ser desestimados, ya que las modificaciones propuestas resultan legalmente inviables por afectar a condiciones esenciales de los contratos, tal como indican los informes técnicos y jurídicos. Esta decisión ya ha sido adoptada y notificada a los concesionarios, según ha informado Olona.
Por lo tanto, el Gobierno de Aragón ha considerado necesario iniciar los procedimientos encaminados a resolver los contratos de concesión de las cuatro zonas señaladas. La razón, como se ha expresado, estriba especialmente en:
- La imposibilidad de modificar los contratos, junto con el daño al interés público que supondría la ejecución de obras sobredimensionadas o innecesarias.
- Los incumplimientos parciales derivados tanto de la falta de financiación que sufren las concesionarias como de la demora en la ejecución de las obras que podrían haberse realizado por no estar afectadas por los problemas indicados.
Las actuaciones de depuración contempladas venían recogidas en el convenio de 8 de abril de 2008 y que fue firmado entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Medio Ambiente.
En virtud del mismo, se encomendaba a la comunidad autónoma la ejecución de las obras de “saneamiento de los ríos pirenaicos de alto interés turístico-paisajístico”, declaradas de interés general del Estado por el Real Decreto Ley de 26/02/1993 y de las que el propio Estado únicamente había construido las depuradoras de Jaca y Sabiñánigo.
Una vez resueltos los contratos, el Gobierno de Aragón tiene previsto continuar en el plan de construcción de las depuradoras, pero en función de las modificaciones que se introduzcan en el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración que ahora está siendo revisado.
En cuanto a los plazos, el consejero ha sido tajante: “no se nos puede pedir que resolvamos en un año o dos algo que se inició en 1993, cuyo convenio se firmó en 2008 y que en 2017, desgraciadamente, nos encontramos con que no se ha hecho nada”.

Lo más visto

  • El Html Mod no se ha encontrado