El Tribunal Supremo ha abierto una investigación penal a la senadora del Partido Popular, Rita Barberá, por un presunto delito de blanqueo de capitales durante su etapa como alcaldesa de Valencia. Según la exposición razonada del auto, resulta imprescindible seguir con la investigación sobre su participación en los hechos, teniendo en cuenta que era la superior jerárquica de la principal investigada, la secretaria del Grupo Popular en el Ayuntamiento valenciano, Mari Carmen García Fuster.Sin menoscabo de la presunción de inocencia, que debe ser salvaguardada especialmente en un contexto proclive al juicio mediático paralelo, el Partido Popular debe ser coherente con lo comprometido. Rita Barberá debe abandonar su puesto de senadora por una cuestión evidente de ética política. El deber de regeneración de la vida pública debe hacerse realidad con medidas concretas, empezando por la propia casa, sin enzarzarse en el acostumbrado “y tú más”, o echando en cara a los otros que no dan el ejemplo debido cuando las sospechas, e incluso los hechos comprobados de corrupción, abundan en sus partidos.El Partido Popular tiene una ocasión propicia para dar ejemplo y tener un argumento moral de peso ante esa injusta especie de encausamiento general por corrupción, al que algunos quieren someterlo.