El PSOE ha mantenido hasta ahora un discurso ambiguo con respecto a Podemos, que le permite, a conveniencia, separarse de los postulados más radicales de la formación morada y al mismo tiempo hacerle los guiños suficientes para formar alianzas que permitan a unos u a otros mantener el poder local o autonómico e impedir que el PP gobierne, a veces como única estrategia política. Es un hecho ineludible que una simple decisión del PSOE en lugares como Madrid, Cádiz o la Comunidad Valenciana habría servido para evitar algunos de los despropósitos protagonizados por la amalgama de formaciones populistas. No lo han hecho y cuando han tenido oportunidad de dar un paso en alguna dirección los peores augurios se han cumplido, como en el caso de Castilla-La Mancha. Acabamos de conocer que, en medio de la reestructuración del Gobierno regional y en pleno mes de agosto, socialistas y populistas han colado una reforma en el proyecto de ley que regirá la gestión de la Administración. Traducido significa una mejora en los sueldos una vez que abandonen el cargo político y vuelvan a su anterior trabajo en la Administración pública, aumento también en sus futuras pensiones y privilegios para permitirles optar a cargos a los que no podrían acceder solo por su cualificación.
La triste realidad es que lo primero que conocemos el pacto PSOE- Podemos en Castilla y La Mancha es un sonrojante intercambio de cromos y sillones. Una nueva vicepresidencia y consejería para los populistas, y una serie de sobresueldos y prerrogativas para altos cargos, que para colmo se cuelan de tapadillo en pleno período estival. Una más que preocupante forma de ejercer el poder de quienes se autodenominan gobiernos del cambio y se pasan el día hablando de la necesidad de la regeneración moral de la clase política.